"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

José Manuel Soria, probable ministro de Rajoy, sobre el matrimonio igualitario: «nuestra posición será la que diga el Constitucional»

José Manuel Soria, presidente del PP canario, y a quien todas las quinielas sitúan en el futuro Gobierno de Mariano Rajoy, ha mantenido un encuentro digital con lectores del diario El País. Preguntado acerca de las intenciones de su partido sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, Soria ha respondido de forma rotunda: su partido asumirá la decisión del Tribunal Constitucional…

«Si el PP modifica la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿Qué va a pasar con todas esas familias con hijos, biológicos o adoptados? ¿Qué nuevo estatus van a tener? ¿Van a perder sus derechos?», le preguntan a Soria.

«Nuestra posición será la que diga el Tribunal Constitucional», responde.

Hasta ahora, siempre que se le había preguntado sobre el tema, Mariano Rajoy había respondido que, una vez conocido el fallo del Constitucional, si este era favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo «escucharía a la gente» y luego tomaría una decisión sobre su mantenimiento o no.

Desconocemos, por tanto, si es que Soria y Rajoy han hablado ya del tema, o si Soria se ha limitado a dar como segura la que simplemente es su previsión personal sobre lo que hará Rajoy.

Pero… ¿Cuál es la situación en el Constitucional?

El que en el mejor de los casos el PP se limite a asumir la decisión que el Constitucional adopte sobre el vergonzante recurso presentando por dicho partido no es en sí mismo tranquilizador, dado el equilibrio «inestable» que presenta en este momento el alto tribunal. Explicamos brevemente cual es su situación actual, que no es sencilla…

Tras la polémica resolución del recurso contra el Estatuto de Cataluña, en enero de 2011 se produjo por fin la renovación de cuatro de los miembros del Constitucional (los que nombra al Senado), que habían agotado su mandato en 2007. Ello favoreció la conformación de una nueva mayoría provisional, supuestamente “progresista”.

En teoría (solo en teoría…) esta renovación debería inclinar la balanza hacia la constitucionalidad del matrimonio igualitario, pero no necesariamente los miembros del Constitucional votan de acuerdo a la ideología de los partidos que los propusieron. Esta divergencia es precisamente más notable en el caso de los considerados “progresistas”. Un ejemplo es el de Eugeni Gay, que fue propuesto por el PSOE pero de conocidas convicciones católicas (que le hacen un seguro opositor a la ley del aborto, también recurrida por el PP, y cuya posición frente al matrimonio igualitario es desconocida).

En este contexto, según declaró en febrero de 2011 el actual presidente del Constitucional, el «progresista» Pascual Sala, el recurso se resolvería antes de un año (es decir, antes de febrero de 2012).

Pero en este intervalo de tiempo el Constitucional ha vivido tiempos convulsos. Tres de sus miembros, cuya renovación corresponde al Congreso y está pendiente desde noviembre de 2010 -el mismo Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado- presentaron en junio su dimisión como protesta por la falta de acuerdo para proceder a su relevo. La dimisión, que dejaba al tribunal con el quórum mínimo para tomar decisiones (ocho miembros) no fue aceptada por Pascual Sala, por lo que los tres siguen en activo.

La renovación de estos cuatro miembros (los tres que presentaron su dimisión más un puesto vacante desde 2008 por fallecimiento) se fue retrasando debido a la insistencia del PP en colocar en el Constitucional a Enrique López (que ya fue propuesto por el PP en el Senado, pero que no reunía los requisitos exigidos para ser miembro del Constitucional). Un candidato que fue considerado inaceptable por el PSOE (y un firme opositor, por cierto, al matrimonio igualitario). De hecho, la renovación sigue sin producirse y es una de las primeras decisiones que en teoría debería abordar el nuevo Congreso salido de las elecciones.

Si para entonces el tribunal sigue sin haberse pronunciado (en un sentido o en otro), el fallo pasaría a depender del sesgo político de los cuatro nuevos miembros, que muy probablemente, dada la nueva composición del Congreso, inclinarían la balanza del lado conservador. La renovación, eso sí, no depende solo de PP, dado que requiere tres quintos de la Cámara (210 diputados, de los que el PP tiene 186).

En definitiva, imposible hacer pronósticos. Mientras tanto, la seguridad jurídica de miles y miles de familias (actuales y futuras) sigue en el aire.

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