"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

La justicia colombiana ratifica la validez de un tercer matrimonio entre personas del mismo sexo

La justicia colombiana ha decidido mantener la validez de un tercer matrimonio entre personas del mismo sexo, en este caso el celebrado el pasado 25 de septiembre en Gachetá, una localidad próxima a Bogotá, por Elizabeth Castillo y Claudia Zea. Poco a poco se consolida la jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario en Colombia, en lo que constituye un episodio más del largo pulso que los partidarios de la igualdad y los sectores homófobos (encabezados por el procurador general Alejandro Ordoñez) mantienen en ese país.

En este caso el matrimonio nunca llegó a ser anulado, como sí había sucedido en los casos de Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro (la validez de cuyo matrimonio, celebrado el 20 de septiembre y posteriormente anulado, fue restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá) y de Adriana González y Marcela Rojas (casadas el 4 de octubre, matrimonio que fue también anulado y cuya validez fue restaurada por el mismo Tribunal). En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la “Fundación Marido y Mujer”, una organización contraria al matrimonio igualitario (cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las de la Procuradoría General de la Nación). No ha sido el caso de Castillo y Zea, que ya vieron su matrimonio confirmado en primera instancia, y a las que es el Tribunal Superior de Cundinamarca el que ahora les da la razón frente al recurso interpuesto por la citada Fundación (puedes acceder aquí a la sentencia).

Como hemos adelantado en entradas anteriores, estas decisiones judiciales suponen un duro golpe a la estrategia de los sectores homófobos, pero no ponen punto final a la batalla jurídica. Ya tras el primero de los fallos, desde la Fundación Marido y Mujer se insistía en que el debate de fondo no quedaba despejado, sino que «sencillamente se dice que la tutela no procedía como mecanismo de revisión procesal”. Desde la organización LGTB Colombia Diversa, por su parte, también han advertido de que se trata de batallas ganadas en el camino hacia la consolidación de la igualdad jurídica.

Los antecedentes del culebrón jurídico

Los jueces que celebran matrimonios no pretenden sino dar cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional de Colombia, que en una histórica sentencia ratificó en 2011 que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. Un plazo que venció el 20 de junio, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara en el Congreso, creando una situación de incertidumbre jurídica aún no resuelta. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del alto tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución jurídica inexistente en las leyes de Colombia y que los colectivos LGTB rechazaron. Los jueces pasaron entonces a ser la clave.

Ya en julio se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como ”matrimonio”. Otro juez, el 11 civil municipal de Cali, ordenaba también en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo, el ya mencionado entre Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro.

La estrategia de los homófobos

Lo cierto es que las acciones de la Fundación Marido y Mujer, presidida por Javier Suárez (del que por cierto ha trascendido que seria en realidad un homosexual armarizado) parecen perfectamente coordinadas con las de la Procuradoría General de Colombia, al frente de la que se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez, un fervoroso católico que no solo ha hecho de la lucha contra el matrimonio igualitario el eje de su acción, sino que ha involucrado en ello a los funcionarios bajo su servicio. Como también hemos recogido, a través de una serie de circulares, el procurador les ha requerido intervenir en todos los procesos judiciales que se susciten y les ha invitado a interponer todas las acciones judiciales disponibles. La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles pidió incluso disponer de información actualizada sobre el número de solicitudes de matrimonio entre personas del mismo sexo presentadas en todo el país.

Por otra parte, desde los sectores conservadores se ha desatado una segunda batalla política contra la Corte Constitucional, que ya se vio obligada a salir al paso de las acusaciones de Alejandro Ordoñez. La mencionada Fundación Marido y Mujer, junto a otra denominada “Pensamiento Juvenil”, ha denunciado a los miembros de la Corte ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de “usurpación de funciones” por fallar a favor de los derechos de las parejas del mismo sexo o del aborto en determinados casos. No parece sin embargo que la Corte Constitucional se haya amilanado, al menos por el momento. Hace tres semanas recogíamos la noticia de que esta preparaba una próxima sentencia a favor de la adopción homoparental. Esperemos que finalmente sea así…

Notarios y registradores

Mientras tanto, notarios y registradores expresan posturas divergentes respecto a cómo actuar. Mientras desde la Registraduría General de la Nación se ha instruido a los registradores de todo el país a que registren las actas de matrimonio civil de parejas del mismo sexo que hayan sido otorgadas mediante la oportuna diligencia judicial, desde la Superintendencia de Notariado y Registro se asegura que cada notaría tiene libertad para decidir o no registrar los matrimonios celebrados en juzgados.

En definitiva, una situación de incertidumbre, en la que parece que poco a poco se divisan más claros que oscuros.

 

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