La persecución política y judicial condena a las personas LGTBI en Rusia al ostracismo más absoluto

Durante el año 2023, los derechos LGTBI en Rusia han sufrido los ataques desmedidos tanto del poder político como del judicial. Si a finales del 2022 el activismo LGTBI en su conjunto era considerado por ley como «enemigo del Estado» en un contexto de guerra, en 2023 el poder legislativo anuló completamente cualquier derecho que pudieran tener las personas trans, hasta eliminar su mera existencia de la realidad pública. Por su parte, el poder judicial, servidor fiel de la autocracia rusa, declaró a la inexistente «movimiento LGTBI internacional» como una organización extremista y prohibió de hecho cualquier actividad en defensa de los derechos de las minorías sexuales. El activismo LGTBI podría enfrentarse a penas de hasta 12 años de cárcel por considerarse como ese tipo de organización.

Los poderes del Estado y la sociedad rusos llevan largos años convirtiendo al colectivo LGTBI en su chivo expiatorio. Concretamente, desde 2013, cuando fue aprobada la conocida como «ley contra la propaganda homosexual ante menores», cuyo objetivo era invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI y la mera existencia del colectivo. Cualquier información positiva sobre las orientaciones sexuales «no tradicionales» o de las distintas identidades de género quedaban marcadas como ilegales, se reprimían y se castigaban con fuertes multas económicas. El festejo del Orgullo quedaba prohibido, las banderas arcoíris o trans estaban vedadas en público y sus portadores eran detenidos, sancionados e incluso encarcelados.

Por otra parte, además de la violencia institucional, las víctimas de la LGTBIfobia social se han encontrado desde entones en total indefensión ante la laxitud e inoperancia, cuando no connivencia, de las autoridades, que incluso trataban de invisibilizar las motivaciones de los agresores. Un acoso social que podía llegar hasta la muerte, como en el caso de la activista bisexual Yelena Grigoryeva, asesinada en San Petersburgo después de que su nombre apareciera en una lista de personas LGTBI «a cazar» publicada por un medio LGTBIfobo ruso. Por no hablar de la especial persecución que han sufrido las personas LGTBI en la república rusa de Chechenia.

Todo ello empeoró tras la reforma de esta ley que promulgó el presidente Vladimir Putin en diciembre de 2022, tras ser aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso, en la que se eliminaba el requisito de que la «propaganda» fuera realizada ante menores. De ese modo, desde entonces está prohibida cualquier manifestación, información o creación que muestre «relaciones no tradicionales» de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades de género a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans son castigados con fuertes sanciones. De hecho, la reforma de la ley supone la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se considera «agentes extranjeros» o traidores a la patria, en una situación de guerra tras la brutal invasión de Ucrania.

La valoración social de la población LGTBI rusa en el contexto bélico la resumía así el mayor propagandista del Kremlin, el presentador del programa más exitoso de la televisión pública rusa, Vladimir Solovyov, ante una audiencia de decenas de millones de personas: «Lo que hicimos el 24 de febrero (fecha de la invasión rusa de Ucrania) fue un contraataque. Era necesario para repeler un genocidio ucraniano contra el pueblo ruso, contra los rusoparlantes, contra quienes no aceptan los valores LGBT y transgénero-nazis». Proseguía: «Y ahora todo el país debe apretar los dientes e ir a la guerra. Porque estamos en guerra no solo con esta escoria (ucraniana) y los maricones bajo su dominio, sino con toda la maquinaria satánica de Occidente».

Las personas trans condenadas a la inexistencia legal y pública

El siguiente ataque a los derechos LGTBI fue dirigido específicamente y con absoluta crueldad contra el colectivo más vulnerable: las personas trans. El 31 de mayo de 2023, fue presentado un proyecto de ley en la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) con el apoyo del Ministerio de Justicia.

El texto presentado establecía la prohibición de cualquier tratamiento médico, tanto farmacológico como quirúrgico, para la reasignación de género. Solamente quedaban excluidos aquellos tratamientos destinados a las personas intersexuales, pero la decisión de su uso quedaba en manos de los médicos. Hubo protestas por parte del personal sanitario que se encauzaron a través del Ministerio de Sanidad. Los profesionales sanitarios temían que las personas trans se vieran avocadas al mercado negro de medicamentos y operaciones quirúrgicas, con el consiguiente riesgo para su salud. La respuesta a estas preocupaciones por parte de Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, fue tajante: «no se inventen ninguna enmienda argumentando que se debe a alguna preocupación por la gente».

Además, de nuevo se relacionaba una ley LGTBIfobia, concretamente tránsfoba, con la situación de guerra. En primera lectura, el vicepresidente de la Duma, Pyotr Tolstoi, afirmaba que el nuevo texto legal era «un paso más para proteger los intereses nacionales de las perversiones».

El proyecto de ley fue aprobado en la Duma el 19 de julio, tras las tres lecturas pertinentes, por unanimidad de los representantes, dejando patente una vez más que el supuesto pluripartidismo del régimen autocrático ruso es una mera pantomima. Ese mismo día, se sometió a votación en el Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento). Se habían introducido varias enmiendas al texto inicial, que incluían la anulación de los matrimonios en los que uno de los cónyuges hubiera cambiado su sexo registral, así como la prohibición de que estas personas pudieran adoptar o acoger a niños.

Tan solo unos días después, el 24 de julio, la ley era promulgada por el presidente Vladimir Putin. Desde esa fecha, las personas trans rusas dejaban de existir legalmente. El sueño de la extrema derecha y el falso feminismo transexcluyente (al frente del Instituto de las Mujeres en España, no hay que olvidarlo) se hacía realidad en la autocracia rusa.

Las personas LGTBI como extremistas a erradicar

En la próxima ocasión, fue el poder judicial quien cercenó aún más los derechos del colectivo LGTBI. El 30 de noviembre de 2023, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Supremo ruso falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia que acusaba al «movimiento LGTBI» de incitar a la discordia social y religiosa. La sentencia del alto tribunal calificaba al «movimiento LGTBI internacional» como «organización extremista», poniendo en peligro cualquier forma de activismo o visibilidad de las personas LGTBI rusas.

Como el supuesto «movimiento LGTBI internacional» no existe en realidad como organización, es de temer que la sentencia del Tribunal Supremo permita a las autoridades judiciales procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGTBI.

La legislación penal rusa castiga con hasta 12 años de cárcel el hecho de participar en una organización declarada como extremista, así como su financiación. Cualquier persona que exhiba símbolos de tales grupos se enfrenta a hasta 15 días de detención en la primera ocasión y hasta cuatro años de prisión si es reincidente. Existe una «lista de extremistas» en la que las autoridades incluyen a las personas sospechosas de estar implicadas en ese tipo de organización. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas y se les prohíbe presentarse a cargos públicos.

Si la ley contra la «propaganda homosexual» establecía fuertes sanciones administrativas a la visibilidad LGTBI, la sentencia del Tribunal Supremo la ha convertido en un delito grave penado con dureza.