El Tribunal Constitucional italiano ha rechazado dos recursos procedentes de sendos tribunales de Venecia y Trento, sobre los que informábamos hace unos días, en los que se cuestionaban varios artículos del Código Civil transalpino y se solicitaban aclaraciones sobre su posible incompatibilidad con algunos artículos de la Constitución.

Los recursos tenían su origen en una acción conjunta de Rete Lenford y Certi Diritti, organizaciones que en 2007 lanzaron la campaña “Afirmación Civil”, que ha llevado a multitud de parejas a solicitar sus licencias de matrimonio y recurrir sistemáticamente las negativas.

El comunicado que aparece hoy en la web del Constitucional italiano es muy breve, y se limita a considerar “inadmisibles” e “infundados” los recursos, pero a la espera de conocer la argumentación completa de la sentencia los medios de prensa italianos ya han adelantado que la decisión deja en manos del Parlamento la facultad para decidir sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, al no considerarlo un derecho consagrado en la Constitución. Por lo que parece, y ese sería el elemento positivo dado lo hostil del contexto italiano hacia los derechos LGTB, tampoco lo consideraría prohibido.

Las reacciones a la sentencia no se han hecho esperar, con muestras de satisfacción entre los círculos conservadores, como el “Foro de la Familia” italiano o destacados políticos del partido de Silvio Berlusconi, mientras que desde los círculos políticos progresistas se subraya que el alto tribunal deja abierta la puerta a legislar sobre la cuestión en el futuro.

La más numerosa de las asociaciones LGTB italianas, el colectivo Arcigay, se ha reafirmado en su voluntad de conseguir que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo sea en el futuro una realidad en su país pese a los innumerables obstáculos que todavía deberá superar.