La justicia sueca autoriza a los adultos a utilizar el nombre que deseen, sin importar que se asocie tradicionalmente a uno u otro sexo

La Corte Administrativa Suprema de Suecia ha sentenciado que cualquier persona adulta tiene derecho a escoger su nombre, independientemente de que éste se asocie tradicionalmente a uno u otro sexo. La sentencia tiene su origen en la demanda interpuesta por Jan-Olov Ågren, que deseaba añadir a su nombre el de «Madeleine», el nombre que viene usando desde hace 20 años. Aunque los tribunales administrativos inferiores le dieron la razón, la Agencia Tributaria sueca recurrió al Supremo, que ahora da definitivamente la razón a Ågren.

Esta decisión, que se refiere al nombre y no a la mención registral de sexo (las personas transexuales en Suecia tienen reconocido por ley su derecho a la modificación registral de sexo mediante un procedimiento similar al español)  no parece encuadrarse específicamente en el ámbito de las personas LGTB, ya que coincide con otras dos sentencias que, en un sentido muy parecido, han autorizado a una pareja a llamar «Q» a su hijo y a una mujer antes llamada Ann-Christine a cambiar oficialemente su nombre a «A-C».

Está claro que el alto tribunal sueco ha decidido terminar con el tradicional paternalismo del estado a la hora de imponer los nombres son aceptables y los que no. Una decisión especialmente celebrada por RFSL, la federación sueca para los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales.

En España, la ley sobre nombre y apellidos, aprobada en 1999, determina en su artículo segundo que «Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, así como los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo».