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La pasada primavera, el Parlamento de Georgia aprobó una ley contra la discriminación, que incluye la protección con respecto a la identidad de género y a la orientación sexual. Aunque se han levantado algunas voces críticas con la legislación, por quedarse corta, lo cierto es que supone un gran avance teniendo en cuenta la notable influencia social de la iglesia ortodoxa y apostólica georgiana. Además, echando un vistazo a la situación LGTB del resto de repúblicas que conformaban la antigua URSS, la realidad de Georgia arroja mucho más optimismo y esperanza en estos momentos.

En un país en el que cerca del 84 % de la población practica activamente el cristianismo ortodoxo, especialmente hostil a los derechos de la comunidad LGTB, la entrada en vigor de una ley contra la discriminación, que incluye la identidad de género y la orientación sexual entre las causas de protección, es un paso de notable importancia. Aún más teniendo en cuenta la homofobia de estado de otros países de la vieja órbita soviética, como Rusia, Bielorrusia, Lituania (en este caso siendo incluso miembro de la Unión Europea), Azerbaiyán, Armenia o Kirguizistán, entre otros.

Según ha manifestado Vano Chkhikvadze, de la Open Society Georgia Foundation, la aprobación de esta ley “es una victoria para el Gobierno de Georgia sobre la iglesia georgiana, la institución en la que más confía la gente del país”. Y de hecho, la homofobia social es un problema frecuente. Dosmanzanas ha recogido en los últimos años el relato de varios incidentes que lo confirman. Entre ellos, el ataque a los asistentes a la concentración para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en Tiflis, la capital del país, que se saldó con al menos 17 heridos en mayo de 2013.

La nueva ley, por otra parte, ha sido diseñada para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, de tal forma que se permita a los georgianos viajar a los países comunitarios, sin necesidad de visado, a corto plazo. No obstante, Irakli Vacharadze, responsable de la organización Identoba, junto a otros activistas y entidades LGTB, ha criticado al gobierno por aprobar la legislación sin una oficina de aplicación específica.

Un paso en la buena dirección, pero claramente insuficiente

Con los recursos e instituciones vigentes, las denuncias le llegarán al Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos, que en la actualidad carece de la capacidad de abordar estos casos. La Open Society Georgia Foundation, por su parte, apuesta por que se destinen fondos públicos (europeos y nacionales) que conduzcan a la aplicación efectiva de la ley. Proponen que se destine el dinero a actividades como cursos de concienciación y formación en las escuelas, hospitales, empresas privadas y en el sistema judicial. Mientras tanto, en los próximos meses, Vacharadze y el resto de activistas esperan preparar una serie de quejas que serán enviadas al Defensor del Pueblo para poner a prueba la nueva ley y, si es necesario, tomar medidas al respecto.

Las ONG y las entidades LGTB esgrimen además que la medida está lejos de ser eficiente en la práctica, ya que en la mayoría de los casos los agresores pueden salirse de rositas sin sanción económica alguna. Un castigo en el que han insistido estas organizaciones, aunque la propuesta fue rechazada por el gobierno y por los partidos mayoritarios de la cámara georgiana.

La noticia ha revolucionado las redes. La modelo canaria Patricia Yurena, ganadora por partida doble de Miss España (en 2008 y 2013) y primera finalista en Miss Universo 2013, ha hecho explícita su relación con la cantante y compositora Vanesa Klein publicando una fotografía de las dos en actitud cariñosa en su perfil de Instagram, acompañada de la leyenda “Romeo and Julliet. La foto fue publicada el 19 de agosto, pero no ha sido hasta este jueves cuando ha alcanzado un mayor impacto mediático.

Tras la publicación de la foto, y sobre todo tras la difusión de la noticia, Patricia Yurena ha recibido incontables mensajes de apoyo en redes sociales. “Gracias a todos por vuestros comentarios. Hice la publicación con toda naturalidad y de forma impulsiva. Les agradezco las muestras de apoyo y más aún que se alegren de mi felicidad. Gracias!!“, escribía hace  unas horas en sus perfiles de Instagram y Twitter. También Vanesa Klein publicaba la misma fotografía en su propio perfil de Instagram, acompañada en este caso de la leyenda “#sinfiltros con @patriciayurena”.

La salida del armario de Patricia Yurena puede darse por confirmada (“No me arrepiento de lo que hice porque estoy encantada con lo que me está pasando”, ha declarado por ejemplo al diario tinerfeño La Opinión), aunque no sabemos cómo preferirá referirse a su orientación sexual (no nos consta que se haya definido públicamente como lesbiana o como bisexual). Sea como sea, damos la bienvenida a la noticia, en un país en el que la visibilidad de las mujeres de relevancia social o política que mantienen relaciones con otras mujeres es todavía muy escasa.

Una estudiante transexual de tan solo 13 años ha denunciado que su escuela no le permitía regresar este curso con su nueva identidad de género. Hasta ahora, Rachel Pepe había acudido a la escuela secundaria Thorne, en Middletown (Nueva Jersey), como Brian. Pero hace cinco meses salió del armario como chica transexual, tras años de soledad y depresión, y fue en ese momento cuando su madre, Angela Peters, comunicó a la escuela que su hija volvería a las aulas el próximo curso como Rachel y no como Brian. Para su sorpresa, el centro les comunicó que no podría hacerlo y que tampoco encontrarían otra escuela que se lo permitiese. Según los expertos, esta decisión supone una violación de las leyes federales y estatales contra la discriminación.

Sentía que me faltaba algo, que algo andaba mal“, ha declarado Rachel en relación a su identidad de género. “Pero fue hace poco cuando me di cuenta de que lo que quería era ser una chica”, añadía, explicando que escogió el nombre de Rachel porque “le encajaba“. Angela Peters, por su parte, ha explicado que su hija ha sufrido una auténtica depresión. “Y no puedo enviarle como Brian porque volvería a entrar en depresión de nuevo”, añade preocupada. “Se bajaba del autobús llorando. Luego sea costaba durante 17 ó 20 horas y se negaba a volver [a la escuela]. “Una madre sabe cuando algo va mal”, asegura Peters.

Muchas han sido las excusas esgrimidas para justificar la negativa. Un funcionario le dijo a la madre que el centro no estaba equipado para atender a una estudiante transexual. También le argumentaron que “no pueden llamarla Rachel porque en su certificado de nacimiento pone Brian“. Sin embargo, Peters asegura que la escuela permite el uso de apodos. Por si esto fuera poco, también le comentaron que su hija podría alterar la relación chico-chica en la escuela y que los exámenes estandarizados requieren el nombre y el sexo legal.

Tras la polémica, marcha atrás

William O. George, superintendente del distrito escolar, anunciaba sin embargo este lunes que trabajaría con el equipo del centro para garantizar que Rachel pueda volver. También aseguró que el personal de las escuelas públicas de Middletown recibiría una formación especial en materia LGTB.

Andrea Bowen, directora ejecutiva de la organización Garden State Equality, ha felicitado al superintendente George “por dar los pasos correctos para garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes”. “Esta es una victoria para los estudiantes transexuales de todo el mundo”, añadía. Rachel, por su parte, desea que su historia pueda ayudar a otros adolescentes que estén viviendo la situación que ella ha vivido. Se da la circunstancia de que el pasado mes de abril el Departamento de Educación de Estados Unidos aclaró que el Título IX, la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en la educación, se extendía también a los estudiantes LGTB.

En cualquier caso, la falta de sensibilidad respecto a la realidad de los menores transexuales en los centros educativos parece ser un problema que no conoce de fronteras. Ahora ha sido en Estados Unidos, pero no debemos olvidar lo sucedido hace pocos meses mucho más cerca: en Málaga, donde una menor transexual que acudía a un colegio religioso concertado (es decir, subvencionado con fondos públicos) se vio obligada a trasladarse de centro, pese a lo cual el colegio vio renovado su concierto (aunque la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad en Andalucía y el nuevo protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz deberían hacer imposible su continuidad si persiste la misma actitud).

El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, ha anunciado su compromiso matrimonial con el que ya es su pareja civil desde 2010, el arquitecto Gauthier Destenay. Bettel, de 41 años y abiertamente gay, será previsiblemente uno de los primeros ciudadanos en disfrutar de la ley de matrimonio igualitario recientemente aprobada por el Parlamento de su país.

Bettel es primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo desde diciembre del año pasado, tras el histórico vuelco político que supusieron las elecciones de octubre, cuando el Partido Popular Social Cristiano, que salvo un paréntesis entre 1974 y 1979 siempre había encabezado el gobierno luxemburgués desde la Segunda Guerra Mundial, se vio descabalgado por una coalición entre liberales, socialistas y verdes que llevó a Bettel, candidato del Partido Democrático (de ideología liberal)  a presidir el Gobierno.

Desde que en octubre de 2011 fuera elegido por sorpresa alcalde de la ciudad de Luxemburgo (gracias a un sistema de listas abiertas) lo cierto es que Bettel se había convertido en una de las figuras más importantes del pequeño país. Un político abiertamente gay que nunca ha dudado en aparecer acompañado de su pareja en actos oficiales. Bettel es de hecho la tercera persona abiertamente homosexual en ocupar la jefatura de Gobierno de un estado soberano, tras la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir y el belga Elio Di Rupo. Se da además la circunstancia de que el vicepresidente luxemburgués, el socialista Étienne Schneider, es también abiertamente gay.

Pero Bettel, cumpliendo la que era una de sus promesas electorales y uno de los puntos del acuerdo de gobierno, ha impulsado también la ley de matrimonio igualitario que en junio era aprobada por una abrumadora mayoría de 56 votos a favor y 4 en contra en el Parlamento luxemburgués. Una ley que entrará el vigor a partir del 1 de enero de 2015, y de la que el primer ministro ha anunciado en una entrevista a Los Angeles Times que hará uso. “Me lo pidió [su pareja, Gauthier Destenay] y le dije que sí”, ha afirmado. “Lo que no puedo darle es aún la fecha”, matizaba a continuación, en una entrevista en la que opinaba que en cualquier caso en su elección no había influido el hecho de ser gay o heterosexual.

Nuestros mejores deseos en su futuro matrimonio a Bettel, un magnífico ejemplo tanto de visibilidad personal como de respeto a la igualdad jurídica de todas las personas LGTB (dos circunstancias que no necesariamente van de la mano).

Las asociaciones LGTB Halegatos y Arcópoli, con el apoyo de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) lanzan la campaña #LaLigaSinHomofobia este viernes 22 de agosto en Twitter para concienciar a los futbolistas de la dura situación de las y los futbolistas no heterosexuales en las diferentes ligas de fútbol.

Con motivo del comienzo de la Liga de Fútbol Profesional el sábado 23 de agosto, Arcópoli y Halegatos quieren llamar la atención a los futbolistas sobre la invisibilidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en las diferentes ligas de fútbol profesional que hay en España. Para ello convocan una campaña en Twitter usando los hashtags #LaLigaSinHomofobia, #LaLigaSinBifobia y #LaLigaSinTransfobia para este viernes 22 de agosto a las 12:00 horas.

El objetivo de la campaña es interaccionar con todos los agentes futbolísticos. En primer lugar, se anima a que se pregunte directamente a las y los jugadores de fútbol su opinión sobre si alguien sale del armario, pero también que se contacte con los equipos profesionales de las ligas masculina y femenina así como a los entrenadores y a la prensa deportiva.

En España no hay ningún futbolista profesional referente que haya salido del armario. Ni siquiera ha habido futbolistas como el alemán Manuel Neuer, que hayan apoyado que sus compañeros salgan del armario. Es más, a nivel profesional, solo el Athletic de Bilbao ha colaborado con una campaña contra la homofobia, bifobia y transfobia en el fútbol. Esta situación de tabú e invisibilidad no puede seguir así. Por ello, desde Halegatos y Arcópoli se brinda la posibilidad al mundo del fútbol para expresar públicamente su respeto y compromiso con la igualdad, justo al comienzo de la Liga así como a las y los futbolistas mostrar una ventana de apoyo para el caso de que algún compañero suyo esté en el armario.

En palabras de Amanda Rodríguez, Coordinadora de Arcópoli, ”algo está fallando cuando si a un futbolista se le lanzan insultos racistas o xenófobos, el mundo entero se vuelca en su defensa como corresponde, pero si a otro le corea todo un estadio ‘maricón’, nadie se atreve a alzar la voz en su defensa”.

La ola de brutal homofobia que recorre África se extiende. Pocas semanas después del alivio temporal que supuso la anulación de la ley ugandesa que pretendía castigar más duramente la homosexualidad, ahora es su vecina Kenia la que discutirá un proyecto de ley para elevar las penas por estos “delitos” hasta la muerte por lapidación en determinados casos.

La iniciativa presentada por Edward Nyakeriga, del Partido Republicano de la Libertad, pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. Esta cruel forma de ejecución también estaría reservada para casos de “homosexualidad agravada”, como los llevados a cabo con menores de edad o por personas seropositivas. El texto ha sido admitido por el portavoz de la Asamblea Nacional, Justin Muturi, que se lo ha adjudicado al Comité de Justicia y Asuntos Legales, donde pasará su primer trámite parlamentario.

El origen de esta propuesta se remonta a febrero de este año, cuando un grupo de parlamentarios creó un grupo de trabajo para endurecer las leyes existentes contra la homosexualidad del país. Nyakeriga afirma que pretende “proteger a los niños y a los jóvenes” de los “abusos sexuales y las desviaciones” que según él provocan los “cambios culturales” o “los intentos crecientes de los homosexuales de criar a niños en relaciones homosexuales mediante adopción, acogida u otras formas”. Los activistas LGTB kenianos, por su parte, ya avisaron de que lucharán para que un proyecto así “nunca vea la luz”.

La difícil situación de las personas LGTB en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica). Según un estudio del Pew Global Attitudes Project del pasado 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable.

Sin embargo, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB muy productivo. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez una persona abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos y ser escuchado.

La reciente salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que no sobrevivirá al clima de fuerte homofobia que previsiblemente se desencadenará tras la presentación del proyecto de ley homófobo: recordemos las terribles atrocidades que se han sucedido tanto en Uganda como en Nigeria tras la promulgación de este tipo de leyes.

Medios internacionales recogen esta semana como noticia el que sería “primer no” que se recuerda en la historia de la Asamblea Nacional de Cuba, donde las leyes suelen ser aprobadas de forma unánime por polémica que resulte su discusión. La protagonista de dicho “no” no es otra que la diputada Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) que el pasado diciembre se opuso a la reforma del Código de Trabajo por no estar aseguradas sus demandas en favor de la no discriminación de las personas transexuales y seropositivas.

El nuevo Código de Trabajo supone un avance importante, al recoger expresamente la no discriminación por razones de orientación sexual por primera vez en la historia de la isla. “Todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector estatal como no estatal; sin discriminación por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”, reza el texto finalmente publicado. Pero activistas y organizaciones LGTB locales, como el Proyecto Arcoíris, así como la propia Mariela Castro, habían propuesto también mencionar de forma expresa la no discriminación por identidad de género y seroestatus frente al VIH.

Al no tener seguridad de que dicha propuesta sería recogida (pese a contar con el apoyo de otros diputados e incluso del primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel) Mariela Castro votó en diciembre en contra. Durante los meses siguientes, durante los cuales una comisión parlamentaria procedió a formalizar la redacción final de la ley, los activistas LGTB mantuvieron la esperanza de que la mención a la identidad de género y al seroestatus fuera finalmente incluida, pero no ha sido así. El junio era publicado el texto final, que dejaba fuera dicha mención.

El Proyecto Arcoris pidió formalmente una explicación, que se produjo en una reunión con José Luis Toledo, presidente de la comisión encargada de la redacción de la ley, pero dicha explicación no ha satisfecho a los activistas. El argumento de Toledo fue que la comisión solo era “de estilo”, pero que no tenía capacidad para hacer cambios esenciales sobre lo discutido en diciembre en la Asamblea Nacional. Sin embargo, como bien explica el bloguero Paquito el de Cuba (Francisco Rodríguez, integrante del Proyecto Arcoíris y presente en dicha reunión) la comisión no tuvo problema alguno en incluir la referencia a la discapacidad, que no estaba incluida en la propuesta inicial y que también fue sugerida en diciembre por Castro. “El asunto es muy grave. Pone en entredicho los métodos y formas de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el cumplimiento de los procedimientos legislativos por parte de la dirección del máximo órgano del Estado y la transparencia en la toma de decisiones a partir de la voluntad de los diputados y las diputadas”ha declarado el activista.

El porqué del “no” de Mariela Castro

En su blog, Paquito el de Cuba ha querido honrar a Mariela Castro por oponerse en diciembre a una norma que consideraba positiva al sospechar que algo así pasaría finalmente. Lo ha hecho publicando una entrevista que hizo en esas fechas a la diputada pero que en su momento prefirió no publicar. “Yo realmente hubiera querido votar a favor, porque creo que la ley es avanzada y refleja elementos muy importantes que recogen el sentir de nuestra población, de nuestro pueblo, sobre todo por la manera en que se hizo, de consulta popular. Ahora, no podía dejar de ser consecuente con mis planteamientos. Si no tengo seguridad de que la Comisión redactora de la Ley recoja, con todos los elementos que corresponden, los planteamientos que hice, no puedo ser parte de aprobar una ley que contradice los principios fundamentales del derecho que estoy defendiendo”, declaraba por entonces Mariela Castro.

En definitiva, una muestra más de las dificultades a las que una sociedad como la cubana se enfrenta a la hora de normalizar la realidad LGTB, pese a la indudable mejora de los últimos años y a contar con una aliada política del peso de Mariela Castro dentro del entramado institucional del régimen político cubano. En cualquier caso, se están produciendo avances, que ojalá pronto veamos acrecentados.

El neonazi Maxim Martsinkevich, líder de la red de grupúsculos homófobos Occupy Pedofilyaj -conocidos por los terribles actos de violencia contra personas LGTB llevados a cabo en territorio ruso y ucraniano- ha sido condenado a cinco años de prisión por la justicia rusa por incitación al odio étnico y social. Martsinkevich, que ya estuvo en la cárcel entre 2007 y 2010 por el mismo motivo, había sido detenido en enero en Cuba, donde había huido, y desde donde fue extraditado a Rusia.

[Nota preliminar: algunas de las fotografías y vídeos enlazados en esta entrada pueden impactar a las personas más sensibles a la visualización de violencia real. Por eso hemos preferido no insertarlas y dejar que sea cada lector el que decida si quiere verlas, si lo considera oportuno].

Como explicábamos a raíz de su detención en Cuba, los cargos contra Maxim Martsinkevich, también conocido por Tesak (“machete” en ruso) se derivan de un vídeo que realizó en Ucrania. En él se puede ver cómo tortura y humilla a un joven de procedencia iraquí, al que afeita la cabeza y obliga a “confesar” su homosexualidad entre amenazas y burlas. Las imágenes finalizan con Martsinkevich enarbolando una porra policial, mientras tapa la cámara con un cartel en el que se puede leer “sin violencia” y se oyen los gritos desgarradores de la víctima. Fue la comunidad iraquí exiliada en Ucrania quien denunció los hechos, cuya investigación concluyó con cargos tanto por parte de las autoridades rusas como las ucranianas.

Estas últimas también le acusaban por hechos idénticos llevados a cabo contra un ciudadano ucraniano, en este caso conocido por su participación en un programa televisivo de talento musical. Pero mientras que la acusación ucraniana se limitaba al delito de vandalismo, los cargos en Rusia (incitación al odio étnico y social) eran más graves y le podían acarrear una condena de varios años de cárcel. Finalmente han sido cinco.

Despreciable neonazi, racista y homófobo

Maxim Martsinkevich ya cumplió tres años y medio de prisión entre 2007 y 2010, tras haber sido el principal inspirador de Format 18, una organización neonazi tristemente conocida por sus brutales agresiones a ciudadanos no rusos, muchas de las cuales eran difundidas en vídeo y reproducidas a lo largo y ancho de Rusia por grupos de jóvenes neonazis.

Sin embargo, desde que en 2011 Martsinkevich fundó Occupy Pedofilyaj y pasó de agredir a ciudadanos de etnia no rusa a atacar a personas LGTB a las que engañaba a través de internet, sus infames actuaciones había permanecido impunes. Y ello a pesar de haber sido ampliamente difundidas a través de redes sociales (en especial de la rusa VKontakte). En dosmanzanas recogimos en su momento varios actos de violencia terrible llevados a cabo por este grupo contra personas LGTB, muchas de ellas jóvenes secuestrados, horriblemente torturados (y se teme que que en algún caso asesinados). Grupo que por cierto ha llegado a crear escuela en otros países (es el caso del “Proyecto Pilla-Pilla” en España).

Nos queda el consuelo de que este despreciable personaje pasará cinco años en la cárcel, aunque la condena haya sido -conviene recordarlo- por incitación al odio étnico y social, no por incitación al odio homófobo.

God loves gays(“Dios ama a los gays”). Es el mensaje que “Dios” quiere lanzar en una valla publicitaria de Topeka (Kansas), sede de la homófoba iglesia baptista de Westboro. “Dios”, en este caso, es el pseudónimo tras el cual se esconde el creador de una popular página de Facebook que cuenta con casi dos millones de fans: el perfil del altísimo en esta red social.

Se trata, evidentemente, de una página satírica, pero seguro que más del gusto del Dios verdadero -caso de existir- que la infame iglesia baptista de Westboro fundada por el reverendo Fred Phelps, de la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones. Una secta cristiana fundamentalista que entre otras acciones promueve la campaña “God hates fags” (“Dios odia a los maricones”), y que nunca ha dudado en celebrar la muerte de personas homosexuales. Sin embargo, fue la decisión de manifestarse en los funerales de los soldados estadounidenses fallecidos en misiones en el extranjero (homosexuales o no) la que les dio a conocer. Los seguidores de la secta consideran que dichas muertes son un castigo de Dios hacia Estados Unidos por su tolerancia hacia la homosexualidad, entre otras “abominaciones”.

Las acciones de la secta, por cierto, recibieron en su momento el espaldarazo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ante el cual recurrió Albert Snyder, padre de uno de los soldados en cuyo funeral se manifestaron y dieron “gracias a Dios”. El Supremo, por 8 a 1, consideró que Phelps y su iglesia tenían derecho a manifestarse en virtud de la primera enmienda a la Constitución, que protege la libertad de expresión.

Fred Phelps falleció hace pocos meses. Varias de sus víctimas (entre ellas el propio Snyder) tuvieron hacia él palabras de respeto y humanidad en sus últimos momentos. Pero la secta que fundó sigue activa -algunos de sus miembros amenazaron hace pocos días con personarse en el funeral del actor Robin Willliams, lo que al final no sucedió- y es por eso que ahora “Dios” quiere que sean ellos los que se vean obligados a ver lo que no quieren: un mensaje de amor hacia las personas homosexuales en una valla publicitaria cercana. Para ello ha lanzado una campaña de crowdfunding que en unos pocos días ha conseguido recaudar más de 50.000 dólares, dinero suficiente para mantener la valla durante todo un año. La campaña, de hecho, promete ya expandirse más allá de Topeka.

Os dejamos con el vídeo promocional de la campaña, explicada por cierto por el mismísimo Dios:

Excelente noticia: el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dado luz verde a la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento catalán (puedes descargar aquí su dictamen completo). El Partido Popular la había impugnado ante este organismo autonómico para así retrasar su aprobación, prevista para julio, al considerar que suponía un “exceso de discriminación positiva”. Cuando se apruebe, la ley catalana será la primera ley contra la LGTBfobia aprobada en España que cuente con un régimen sancionador.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto, incluyendo las enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se opusieron al dictamen final en comisión. Hace un año, recordemos, todos los grupos rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

Se trata de un muy avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarrollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. El texto se acomoda así a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Un texto que sí contempla sanciones

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación. La propuesta catalana incluye además -de forma limitada- el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar la pertinencia de las medidas adoptadas.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y decidió recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Sin embargo, el dictamen ha sido unánime: los contenidos recurridos por el PP son acordes a la Constitución.

El Consejo de Garantías Estatutarias recuerda a este respecto que “nuestro ordenamiento constitucional se caracteriza por admitir una dualidad de sistemas sancionadores (penal y administrativo)”, y que respetando los condicionantes jurídicos de cada sistema Cataluña tiene potestad para legislar un régimen administrativo sancionador en esta materia. Respecto a la inversión de la carga de la prueba, el Consejo determina que“esta técnica probatoria encuentra amparo en la jurisprudencia constitucional, que la ha admitido como mecanismo de tutela ante la dificultad probatoria de los motivos contrarios a los derechos fundamentales y a la igualdad” y recuerda que la propia proposición de ley establece que no puede usarse en procedimientos penales o administrativos sancionadores.

Con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias, la proposición de ley queda ya solo pendiente de su aprobación final a la vuelta de las vacaciones de verano. Confiemos en que la apretada agenda política catalana no impida este último trámite, que supondrá un paso de gigante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Nuevo asesinato de una mujer lesbiana en Sudáfrica. El cuerpo sin vida de Gift Makau, de 18 años, fue descubierto el pasado viernes en Ventersdorp, al noroeste del país. Había sido violada, estrangulada y le habían introducido una manguera en la boca. Todo apunta a que se ha tratado de un nueva “violación correctiva”, término con el que se conoce a la brutal práctica, extendida en Sudáfrica, de violar a mujeres abiertamente lesbianas para así darles “una lección”. En muchos casos la violación desemboca en asesinato. Un hombre de 24 años ha sido ya detenido como sospechoso.

“Era una chica estupenda, para nada violenta. Le gustaba jugar al fútbol y hacer de árbitro en los partidos del vecindario”, ha declarado su primo, Lucky Gaorongwe, que ha confirmado que la familia, que se encuentra destrozada por lo ocurrido, era perfectamente conocedora de su condición de lesbiana.

El de Gift Makau es un nuevo nombre que sumar a la ya larga lista de mujeres sudafricanas de raza negra brutalmente agredidas por ser lesbianas. Un colectivo que con frecuencia es víctima de las terribles “violaciones correctivas” con el objetivo de “curarlas” de su homosexualidad y, en último término, “castigarlas”, desembocando incluso en la muerte. En dosmanzanas hemos recogido algunos de esos nombres. El último de ellos, el de Duduzile Zozo, de 26 años, también violada y asesinada en junio de 2013. Otros casos han sido los de Patricia Mashigo, de 36 años, apedreada hasta la muerte en abril de 2013; Sihle Skotshi, una jovencísima jugadora de fútbol, asesinada por un grupo de salvajes en noviembre de 2012; una adolescente de solo 13 años violada en mayo de 2011; Noxolo Nogwaza, activista brutalmente violada y asesinada en abril de 2011, o la futbolista Eudy Simelane, también violada y asesinada en el año 2009.

Casos que no son más que la punta del iceberg: se calcula que solo en Ciudad del Cabo se producirían cada semana hasta diez violaciones de este tipo. Y al menos se habrían producido una treintena de asesinatos en los últimos 15 años, según la periodista sudafricana Janet Smith.

No fue hasta mayo de 2011 que el Gobierno de Sudáfrica decidía crear una comisión para perseguir los crímenes de odio de raíz homófoba, después de que le llegara una petición firmada por 170.000 personas en la que se pedía al Gobierno que tomara cartas en el asunto (una iniciativa promovida por activistas lesbianas locales). Una comisión que sin embargo no parece haber conseguido gran cosa, y cuya pasividad fue denunciada en 2013 por los activistas. Ello ocurre, no lo olvidemos, en el país de África con un mayor nivel de protección jurídica de las personas LGTB -gracias a su avanzada legislación en derechos civiles tras el final del apartheid- y en el que hace pocas semanas conocíamos la noticia del nombramiento de la primera ministra abiertamente lesbiana en la historia del continente.

Hace un año, con motivo del asesinato de Duduzile Zozo, reproducíamos las siguientes palabras de la activista Thulisle Msiza: “parece que las lesbianas no podemos ir a ninguna parte. No podemos ser nosotras mismas. Hemos de escondernos, o de lo contrario somos asesinadas. Hemos de permanecer entre paredes. Como animales enjaulados (…) Es como vivir de nuevo en la era apartheid”. Palabras que por desgracia parece que siguen vigentes.

La productora Gestmusic Endemol ha anunciado, a través de un comunicado y tras recibir indicaciones de Televisión Española, que cambiará las reglas de participación de ¿Quién manda aquí?, el nuevo concurso de la cadena pública estatal, para permitir que las parejas homosexuales con hijos puedan tomar parte en el programa. “Debido a la polémica surgida respecto a las bases del casting aclaramos que serán corregidas“, han señalado en un comunicado en el que explican que al concurso podrá optar cualquier pareja que conviva junta y que tenga un hijo en común o de uno de los dos miembros de entre 8 y 12 años.

Y es que hace unos días contábamos que Gestmusic pondría en marcha un nuevo concurso “familiar” para Televisión Española que, sin embargo y según constaba en las normas de participación en el programa, pretendía contar únicamente con equipos integrados por familias compuestas por un hombre, una mujer y un hijo de entre 8 y 12 años, lo que suponía una clara discriminación para las familias LGTB.

Desde luego, las excusas esgrimidas por Jordi Rosell, director de programas de la popular productora, para defender la discriminación de ciertos modelos de familia eran más que absurdas. Entre otras cosas, alegaba la búsqueda de una supuesta igualdad de oportunidades, al contar el espacio con pruebas que requieren cierta fuerza física, y también que se trata de la adaptación de un programa turco, país donde no existe el matrimonio igualitario y en el que las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo no se ven con naturalidad.

Así, Gestmusic ha decidido rectificar y ha adelantado que las nuevas normas permitirán participar a las parejas homosexuales con hijos, y que “quedará a su libre elección decidir qué miembro de la pareja competirá en la ronda de padres y quién en la de madres”. Por su parte, la productora ha apuntado que “queremos dejar constancia que el programa está abierto a todo tipo de familias, sin ningún tipo de discriminación“.

Por otro lado, cabe recordar que la petición puesta en marcha a través de change.org para solicitar a José Ramón Díez, director de la televisión pública estatal, la retirada de las discriminatorias normas sigue en pie y, además, cuenta ya con más de 10.100 firmantes. Ojalá no haga falta volver a hablar de casos de discriminación homófoba en una cadena de televisión financiada con el dinero de todos los contribuyentes, también los LGTB.

Juan José Tenorio Enseñat, en calidad de portavoz balear de la asociación ultracatólica Derecho a Vivir, ha proferido descalificaciones y comentarios homófobos en su cuenta de Twitter, a cuenta de la organización del “Gay Chorus Festival”, que tendrá lugar en la localidad mallorquina de Andratx en 2015. El evento, auspiciado por el gobierno municipal del PP, ha sido calificado por Tenorio como “gueto cultural de maricones”. Desde la organización LGTB Ben Amics de las islas Baleares han invitado a Juan José Tenorio a retractarse, ya que “dichas afirmaciones atentan contra la integridad de nuestro colectivo al igual que nos vejan y humillan utilizando adjetivos como el de ‘maricones’”.

La entidad católica y conservadora Derecho a Vivir ha pedido que “no se financie con dinero publico un acto sectario y discriminatorio hacia el conjunto de la ciudadanía”, en referencia al “Gay Chorus Festival”, previsto para 2015 en Andratx, un municipio ubicado a unos 30 kilómetros de Palma de Mallorca, gobernado por el Partido Popular.

Juan José Tenorio, de hecho, no solo ha tenido palabras ofensivas para el colectivo LGTB sino que define al alcalde Llorenç Suau como “segregacionista” y le acusa de promocionar “la homosexualidad y el aborto, convirtiendo la cultura en un gueto gay”. Una de las cosas que más parece molestar al portavoz de Derecho a Vivir es que, precisamente, el evento musical esté organizado por un ayuntamiento en el que el PP tiene la mayoría absoluta. En este sentido, además, añade que estas actividades se realizan “para favorecer a Podemos”.

La agrupación Ben Amics, a través de una nota de prensa, ha replicado las manifestaciones homófobas de Derecho a Vivir y de su portavoz, al tiempo que recrimina que “el único modelo de vida que defienden es el de criminalizar al diferente, negar el matrimonio y la adopción a las parejas homoparentales, rechazar y agredir a nuestras familias, o prohibir a las mujeres el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”.

Asimismo, la asociación balear LGTB ha asegurado que “no es ninguna novedad que organizaciones como ‘Derecho a Vivir’ o ‘Hazte Oír’ no recuerden que hace 40 años encarcelaban a personas LGTBI, pero en pleno siglo XXI el colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales no va a permitir que nos metan en el armario”.

El Gobierno de Israel ha decidido extender la concesión de la ciudadanía israelí a los dos miembros de una pareja casada con independencia del sexo de sus componentes y aunque uno de ellos no sea judío. La decisión, que afecta a una de las normas más emblemáticas del estado de Israel, supone un paso más en la progresiva equiparación de las parejas del mismo sexo en ese país.

El 12 de agosto el ministro del Interior de Israel, Gidon Sa’ar, comunicó la intención de aplicar también el conocido como “derecho de retorno” (que permite a las parejas casadas en las cuales al menos uno de los cónyuges sea judío emigrar a Israel e instalarse con el pasaporte israelí) a los matrimonios del mismo sexo. En palabras del ministro, “las puertas de Israel estarán desde hoy abiertas a cualquier judío y su familia, sin discriminación basada en su modo de vida”.

En realidad, la versión original de la norma que extendía el “derecho al retorno” a los miembros no judíos de la pareja, de 1970, no se especificaba que el matrimonio tuviera que ser heterosexual. Evidentemente ello se debía más bien a que en aquella época, siendo Golda Meir primera ministra, el matrimonio solo se concebía en parejas heterosexuales.

Con esta modificación, se pone fin a una situación ambigua que había llevado a decisiones contradictorias. En 2011, por ejemplo, se concedió la ciudadanía a un estadounidense no judío casado con un israelí, pero pocas semanas después se la denegaba a un ciudadano uruguayo en un caso similar.

El matrimonio igualitario en Israel: una realidad compleja

La noticia se inscribe en los pasos progresivos que Israel ha ido dando hacia la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo desde que en 2006 cinco parejas gays israelíes casadas en Canadá solicitaran ver su matrimonio reconocido en su propio país. Finalmente el Tribunal Supremo les dio la razón y obligó a la administración a registrar sus matrimonios. Este reconocimiento se restringía sin embargo a los ciudadanos israelíes, mientras que ahora se amplía a los matrimonios del mismo sexo de judíos con no judíos a efectos de la emigración judía a Israel.

Con todo, la realidad LGTB en Israel, y en particular lo relativo al matrimonio igualitario, tiene características especiales. En Israel no existe propiamente matrimonio civil, aunque se reconocen los celebrados fuera. La mayoría de la población recurre al Rabinato para unirse según la ortodoxia judía (y también pueden celebrarse matrimonios religiosos cristianos, drusos o musulmanes). Solo desde 2010 existe la posibilidad de que dos ciudadanos del estado de Israel puedan contraer matrimonio no religioso en el propio país, pero para ello ninguno de los dos debe ser considerado judío según la Halajá (ley mosaica) ni estar registrado como perteneciente a una comunidad religiosa (solo una minoría de ciudadanos puede acogerse a esta posibilidad). En consecuencia, las parejas del mismo sexo (y muchas de distinto sexo que no desean contraer matrimonio religioso) se ven obligadas a marchar fuera del país para casarse y ver luego reconocida su unión.