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Activistas LGTB de la república exsoviética de Kirguizistán han lanzado una llamada de auxilio al resto del mundo para denunciar las intenciones de su Gobierno de aprobar una ley contra la “propaganda homosexual” mucho más dura que ya la vigente en Rusia. Como no podía ser de otra manera, desde dosmanzanas nos hacemos eco de la llamada y pedimos la colaboración de todas las personas, organizaciones e instituciones que a cualquier nivel puedan contribuir a difundirla o presionar a las autoridades de ese país.

Ya en marzo recogíamos la noticia, gracias al esfuerzo de difusión de Human Rights Watch (HRW). El Gobierno de la república centroasiática de Kirguizistán (también conocida como Kirguistán y Kirguisia) ha iniciado la tramitación de un proyecto de ley que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional”. Según el borrador, sería ilegal transmitir “nociones distorsionadas de equivalencia social entre relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales” o “información sobre relaciones sexuales no tradicionales que despierte interés en dichas relaciones”. La norma restringiría también la participación en “asambleas pacíficas que intenten divulgar públicamente cualquier información sobre cualquier forma de relación sexual no tradicional”. Sus promotores justificaban la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de un proyecto, en definitiva, en la línea del ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más duro, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedaría vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 67 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (80 euros). HRW denunciaba que para ello Kirguizistán modificaría sus leyes sobre libertad de prensa y de asociación, algo que según su director para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán.

Petición de ayuda

Es por eso que los activistas de Kirguizistán, que a diferencia de otros países apenas si recibe atención mediática fuera de sus fronteras, han pedido ayuda para difundir la situación y conseguir al menos una cierta presión internacional que haga a su gobierno pensárselo dos veces. Piden, por ejemplo, que se organicen concentraciones de protesta frente a embajadas y consulados de Kirguizistán, y que en la medida de lo posible se traslade a las autoridades de los diversos países la preocupación por este proyecto.

En este sentido, los activistas valorarían especialmente las acciones que provengan de países de Asia o de América Latina, para evitar la sensación de que se trata de una campaña promovida solo por países occidentales. También serían muy bien recibidos pronunciamientos de líderes religiosos musulmanes inclusivos.

A los países y organizaciones donantes de fondos a Kirguizistán los activistas LGTB de ese país piden que se aseguren que los receptores de ayuda sean agentes que no promuevan o apoyen políticas homófobas y tránsfobas, pero que no se presione con amenazas de retirar la ayuda, que consideran pueden ser contraproducentes. También han publicado un listado de personalidades LGTBfobas de Kirguizistán para que en la medida de lo posible se les haga el vacío a no ser que condenen el proyecto.

Insertamos por último el contacto de varios activistas LGTB de Kirguizistán a los que se puede escribir directamente en inglés para más información. Se trata de correos electrónicos que son públicos y que pueden compartirse:

La dura realidad del colectivo LGTB

La situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es muy dura, como demuestra otro informe de HRW que recogimos en febrero. Los testimonios hablan de tormentos diarios como amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte. Los políticos del país también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor la ley.

La reacción a la prohibición expresa por el Ayuntamiento de Torremolinos de la celebración del “Orgullo Solidario” con participación de transformistas no se ha hecho esperar. Ya ha sido convocada la primera “caravana de travestis” a Torremolinos, un movimiento ciudadano que quiere reunir el próximo 25 de julio una marcha de transformistas y travestis, “así como de todo simpatizante”, para  protestar por su exclusión por parte del consistorio y reivindicar la diversidad.

Hace pocos días dábamos cuenta del “Orgullo Solidario”, evento organizado por COLEGA Torremolinos y con el que se pretendía poner fin a la campaña de recogida de alimentos emprendida por el colectivo LGTB y diversos empresarios de locales de ocio gay de Torremolinos. El Ayuntamiento de esta localidad, gobernado por el PP, negó sin embargo la autorización para permitir las actuaciones de transformismo previstas. Una vez que la noticia trascendió públicamente, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que anunciaba la aprobación “por la vía de urgencia” de una moción prohibiendo las actuaciones de transformismo, y alegando que el lugar escogido para llevar a cabo tal evento se encontraba “a ¡UN METRO! de un parque infantil muy frecuentado a esas horas [sic]”, por lo que no daría buena imagen.

A raíz de esta negativa, un grupo de profesionales vinculados al mundo del transformismo capitaneados por Chichi L Amoroso, Tormenta García y Nacha La Macha ha decidido organizar una caravana reivindicativa con la que protestar contra esta absurda discriminación. “Nuestra intención es la de pedir permiso a la Delegación del Gobierno en Málaga para concentrarnos el día 25 a las puertas del Ayuntamiento de Torremolinos y protestar por la prohibición de las actuaciones de transformistas”, ha comentado Antonio David Palomino, uno de los integrantes de esta plataforma, en declaraciones a dosmanzanas.

La respuesta ciudadana está siendo masiva y, en tan solo 48 horas, la página de Facebook a través de la cual se está movilizando la convocatoria ya había superado los 2.000 seguidores. A continuación insertamos el vídeo con las palabras que en relación con lo sucedido dedicaba Nacha La Macha a Pedro Fernández Montes, alcalde de la ciudad costasoleña, en una de sus últimas actuaciones:

Apoyo Positivo colabora con la iniciativa

La asociación Apoyo Positivo, tanto a través de su página web como en Facebook, ha anunciado que, como continuidad a su campaña del Orgullo 2014 “We Love Diversidad”, colaborará con la caravana poniendo a su disposición “un autobús para trasladar a participantes de la caravana desde Madrid a Torremolinos” con el objetivo de “denunciar, en un acto de reivindicación social, la lgtbfobia del Ayuntamiento de esta ciudad y defender la diversidad y los derechos sexuales y reproductivos de toda la población”.

Somos conscientes, como entidad social que trabaja por la diversidad y los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, que progresivamente España va perdiendo espacios de igualdad y derechos que ha costado mucho conseguir en estos años para una sociedad justa y respetuosa con las diferencias y es necesario no ceder ni un espacio de derechos y libertades a través de la participación ciudadana“, ha declarado a dosmanzanas Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo.

El autobús, que partirá del Parque del Retiro de Madrid el 25 de julio a las 11 horas, cuenta solo con 55 plazas, y para viajar en él es necesario contactar con Apoyo Positivo a través de su correo electrónico info@apoyopositivo.org. La plataforma ciudadana está buscando no obstante la posibilidad de contar con autobuses desde otras ciudades como Granada, Córdoba o Barcelona hacia Torremolinos, con el mismo objetivo.

Siguiendo el modelo que ya funciona en Estados Unidos desde febrero y que poco a poco se esta extendiendo a otros países, como Reino Unido o Francia, Facebook lanza en España su nueva opción de “género personalizado”, para facilitar que las personas se sientan cómodas con su identidad más allá del binarismo tradicional “hombre-mujer”. Facebook ha contado para ello con la colaboración de Fundación Triángulo y de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Según Facebook expresa en un comunicado, el objetivo es que cuando la gente acceda a la red social “se sientan cómodas siendo fieles a sí mismas. Una parte importante de esto es la expresión de género más allá de ‘hombre’ o ‘mujer’”. Para lanzar esta novedad y presentar una extensa lista de opciones que sea lo más inclusiva posible, Facebook ha contado con el asesoramiento de Fundación Triángulo y de la FELGTB. La nueva opción de género personalizado está disponible para todo el mundo que utiliza Facebook en España.

Además de elegir el género por el que quieren ser identificados, los usuarios podrán seleccionar el pronombre con el que les gustaría que les hicieran referencia públicamente, ya sea masculino (él), femenino (ella) o incluso neutro (ello). Facebook también ha añadido la posibilidad de que las personas puedan controlar la audiencia con la que comparten su género personalizado. “La compañía es consciente de que algunas personas se enfrentan al reto de compartir su verdadera identidad de género con otros, y este ajuste ofrece la posibilidad de expresarse de una forma auténtica”, expresa el comunicado.

Desde Fundación Triángulo y FELGTB se felicitan por la novedad introducida por Facebook, con cuya puesta en marcha han colaborado. “Desde la Fundación Triángulo creemos que esta decisión de Facebook permite abrir la posibilidad de que toda persona pueda hablar de su identidad sexual de una forma más democrática y con una visión desprejuiciada y libre que en el mundo actual se puede expresar en redes sociales como esta”, ha declarado Víctor Javier Huedo, coordinador de Educación y Voluntariado de la Fundación. “Celebramos que Facebook entienda que el binarismo de género no satisface a todo el mundo y que es muy importante permitir que las personas se auto identifiquen según sus sentimientos. La identidad de género no es una mera etiqueta, sino la expresión de la forma de ser y estar en el mundo”, ha expresado por su parte Jesús Generelo, secretario general de la FELGTB.

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha firmado este lunes 21 de julio la esperada orden ejecutiva que prohibirá a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Como explicamos hace ahora un mes, cuando la Casa Blanca anticipó la noticia, la decisión no fue tomada hasta que no ha quedó meridianamente claro que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, no validará la ENDA, el proyecto de ley contra la discriminación de personas homosexuales y transexuales que el Senado aprobó en noviembre.

Unos 14 millones de personas que trabajan para empresas dependientes del gobierno federal verán reforzada desde ahora su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias por razones de orientación sexual o identidad de género tras la entrada en vigor de la orden, que ha sido saludada por los activistas LGTB como un logro histórico. Dos circunstancias han merecido especiales alabanzas: por un lado, la administración Obama ha optado por modificar la anterior orden ejecutiva que prohibía la discriminación por raza, color, religión, sexo u origen nacional, firmada por Lyndon B. Johnson en 1965, para añadir “orientación sexual” e “identidad de género” en lugar de emitir una orden ejecutiva independiente. Como ha señalado en un comunicado la organización Human Rights Campaign, ello hace “virtualmente imposible” que una futura administración dé marcha atrás (resultaría obvia entonces la voluntad de discriminar expresamente a los trabajadores LGTB, lo que sería difícil de vender incluso para los republicanos). El segundo aspecto que ha merecido el elogio de los activistas LGTB es que no se hayan contemplado en este caso exenciones de tipo religioso como grupos conservadores habían pedido.

Este último aspecto cobra especial importancia pocas semanas después de conocerse una polémica sentencia del Tribunal Supremo que por 5 votos a 4 daba la razón a Hobby Lobby, una cadena de tiendas propiedad de un multimillonario evangélico que reclamaba su derecho a no costear una serie de tratamientos anticonceptivos como parte del seguro médico de sus trabajadoras, tal y como obligaba la reforma sanitaria de Obama. El Supremo falló a favor de Hobby Lobby, considerando que dicha obligación violaba la libertad religiosa de sus propietarios y que el Gobierno federal estaba obligado a buscar otra solución que permitiera a las empleadas de la empresa acceder a contraceptivos.

La sentencia sobre Hobby Lobby ha generado gran preocupación en los sectores más progresistas de la sociedad estadounidense, incluyendo los colectivos LGTB, al considerar que podría ser utilizada como precedente para justificar otro tipo de “exenciones religiosas” a leyes federales.

Una orden que palía el fracaso de la ENDA

Aún considerándose histórica, el hecho de que Obama haya retrasado la orden ejecutiva en espera de que el Congreso pudiera aprobar antes el más ambicioso proyecto de ley federal de no discriminación en el empleo (ENDA, Employment Non-Discrimination Act) y de que haya decidido firmarla en este momento no deja de ser la constatación de que una legislatura más la ENDA quedará sin aprobar.

La ENDA ha sido presentada ante el Congreso en más de una veintena de ocasiones desde 1994, sin que nunca haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, fue posible aprobarla (solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales). Los colectivos LGTB, sin embargo, no han dejado de considerarla una prioridad y exigirla como compromiso a todo político que quiera contar con su apoyo. Impulsar su aprobación era de hecho una de las promesa electorales del presidente Barack Obama.

El Senado, de mayoría demócrata, sí que dio su visto bueno a la ENDA en noviembre, logrando además el voto de diez senadores republicanos. Pero quedaba lo más difícil: que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la validase también. Ya entonces el speaker de la Cámara, John Boehner, expresaba su oposición frontal al proyecto. Y ello a pesar de que el proyecto aprobado por el Senado sí contemplaba significativas exenciones (solo era aplicable a empresas con 15 o más trabajadores y excluía a las organizaciones religiosas).

Y en efecto, el proyecto ha quedado en vía muerta y sin horizonte de que se discuta antes de las elecciones de noviembre de 2014. Es por eso que la Casa Blanca ha decidido por fin mover ficha y prohibir la discriminación laboral de homosexuales y transexuales allí donde tiene competencias para hacerlo: en la administración federal. Os dejamos con las imágenes del histórico momento, precedidas del discurso de Barack Obama:

La Corte de Apelaciones del 10º Circuito considera inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario en Oklahoma. Tras la sentencia de hace poco menos de un mes, referida a Utah, ya son dos los estados en los que este tribunal avala sentencias previas de jueces federales en ese mismo sentido, de inconstitucionalidad emitida. Eso sí, al igual que sucedió en Utah, la aplicación de la sentencia de Oklahoma se mantiene suspendida cautelarmente en espera de lo que finalmente decida el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), todas las sentencias dictadas por tribunales federales o estatales han sido favorables al reconocimiento del matrimonio igualitario. Pero muchas de ellas se han mantenido en suspenso porque los representantes jurídicos de los distintos estados han apelado. El siguiente paso era saber qué decisión tomarían las diversas Cortes de Apelaciones de los Circuitos Federales, escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de cada uno de los estados y el Tribunal Supremo. Y ha sido el 10º Circuito el primero en mojarse, hace algo menos de un mes con la sentencia de Utah y ahora con Oklahoma.

Como sucediera con Utah, también para Oklahoma la decisión ha sido adoptada por un panel de tres jueces conformado por Carlos F. Lucero, Paul J. Kelly Jr. y Jerome A. Holmes. La sentencia (que puedes descargar íntegramente aquí), avala por dos votos (los de Lucero, ponente de la sentencia, y Holmes) contra uno (Kelly) la decisión tomada en enero por el juez federal Terence C. Kern, que dictó sentencia sobre dos casos conjuntos, el de la pareja formada por Sharon Baldwin y Mary Bishop (que denunció al estado de Oklahoma por no permitírsele contraer matrimonio) y el de Susan Barton y Gay Phillips (que habían contraído una unión civil en Vermont y solicitaron su reconocimiento en Oklahoma, donde residían). Kern consideró en su momento que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo en Oklahoma suponía “una exclusión arbitraria e irracional de un beneficio gubernamental para un única clase de ciudadanos”  y resolvía que ”la enmienda constitucional de Oklahoma que limita el matrimonio a las parejas de distinto sexo viola la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos”.

Sin embargo, y como también sucediera con su decisión sobre Utah, la Corte de Apelaciones del 10º Circuito mantiene en suspenso su sentencia sobre Oklahoma en espera de una segura apelación. Una precaución habitual en las últimas sentencias federales sobre la materia, sobre todo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendiera en enero la aplicación de la primera de las sentencias de Utah, la dictada por el juez federal Robert J. Shelby en diciembre. En ese breve lapso de tiempo se casaron en Utah más de 1.300 parejas del mismo sexo, cuyo matrimonio es reconocido por el Gobierno federal pero no por el propio estado de Utah (este mismo viernes, de hecho, el Supremo avalaba que Utah no reconociera estos matrimonios hasta que no hubiera una decisión definitiva sobre la materia).

Habrá que ver qué decide ahora el estado de Oklahoma, pero la apelación es desde luego segura, ya sea al pleno de los doce jueces que integran la Corte de Apelaciones o directamente al Tribunal Supremo (en Utah esta última es la vía que finalmente decidió la Fiscalía General del estado).

Más sentencias en espera de apelación

 La jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito está integrada por los estados de Colorado, Kansas, Nuevo México, Oklahoma, Utah y Wyoming. En Nuevo México ya es legal el matrimonio igualitario, y en los cinco estados restantes la prohibición del mismo está denunciada. La decisión en los casos de Utah y Oklahoma hace previsible un resultado positivo en todas esas demandas.

Diez son los estados donde la justicia ya ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario mediante sentencias que permanecen en suspenso en espera de que se resuelva su apelación: además de Utah y Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, IdahoWisconsin, Indiana y Kentucky. En Ohio y en Tennessee hay sentencias que obligan a reconocer los matrimonios celebrados en otros estados, también pendientes de apelación. Ligeramente diferente es la situación en Nevada, donde la Corte de Apelaciones de 9º Circuito debe pronunciarse sobre la materia, aunque en este caso no existe una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

En Oregón y Pensilvania, en cambio, las sentencias favorables al matrimonio igualitario adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario.

A la espera de que se vayan conociendo los resultados de estos procesos, los dos fallos emitidos hasta ahora por la Corte de Apelaciones del 10º Circuito suponen un avance muy importante y abren el camino para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tome en no mucho tiempo una decisión que afectaría al conjunto de los estados que conforman esa nación.

Los colegios católicos de Vancouver (Canadá) han decidido adoptar una política inclusiva para los estudiantes transgénero: se les permitirá usar los uniformes y emplear los baños que resulten conformes con su identidad de género. Igualmente, en el uso de los pronombres personales, se permitirá el empleo de aquellos con los que se sientan identificados. Una noticia que contrasta con actitudes de centros similares en España.

La decisión de los colegios católicos de la archidiócesis de Vancouver se origina a partir del caso de Tracey Wilson, una niña transgénero de 11 años que vio negada su solicitud de recibir un trato conforme al sexo con el que se identifica. Sus padres decidieron trasladarla a un centro público pero también presentaron una protesta formal. Esto ha propiciado la decisión del consejo escolar, publicada por la archidiócesis de Vancouver el pasado miércoles. En palabras del abogado de la familia, “que sepamos, es la primera vez que algo así ocurre. Desde luego es la primera vez en Norteamérica y probablemente es la primera vez en el mundo… No solo es importante para los alumnos que van a colegios católicos en Vancouver sino que servirá como referencia para otros distritos escolares católicos en todas partes“.

No obstante hay importantes matizaciones que hacer. En primer lugar, la nueva política se aplicará caso por caso. Los responsables de los centros buscan además un difícil equilibrio entre el respeto a la identidad de género de los menores y la posición católica oficial. Es por ello que se habla de la “expresión” de género de los menores, sin entrar en la identidad que la funda. Igualmente, se evitan conceptos como transgénero o transexual y se prefiere el término médico de “disforia de género” (crecientemente discutido y rechazado en el activismo trans). De esta forma, se presenta la decisión como un acomodo a la necesidad de expresión de unos menores, justificado por el bienestar de estos, sin por ello validar la identidad que la explica. Como comenta Doug Lauson, de Escuelas Católicas Independientes de la Archidiócesis de Vancouver: “Somos gente de fe católica. Nuestros colegios serán tan inclusivos como podamos a la par que seguiremos manteniendo nuestra identidad católica”.

En cualquier caso, los verdaderos protagonistas son los alumnos y alumnas trans de estos colegios. En este marco, resultan significativas las palabras de la niña que ha sido motivo de este cambio de política. Cuenta que “cuando estaba en el proceso de darme cuenta de mi diferencia, me sentía sola y no aceptada; y era muy duro… Fue horrible y no quiero que le pase a nadie más“. En la actualidad, por cierto, describe su experiencia en el colegio público donde ahora está como “increíble” y de hecho ni ella ni sus hermanos tienen deseo alguno de volver al colegio católico que abandonó.

Una contraste radical con casos similares en España

La decisión de los colegios católicos de Vancouver quizá merezca una valoración ambivalente, en tanto se limita a apreciar la existencia de una “necesidad de expresión” en el marco del discurso médico de la “disforia de género”. Sin embargo, reconoce la existencia de una realidad y permite su expresión a unos niveles inimaginables en otros lugares, como España.

Resulta imposible no compararla con lo sucedido en Málaga, donde tres colegios fueron investigados por no respetar la identidad de género de sus alumnos. Dos de ellos aceptaron cambiar sus modos de proceder pero uno de ellos, el San Patricio, persistió en la negativa. Es más, un grupo de padres declaró públicamente que la niña (a la que se referían en masculino) quería “llamar la atención”. El tono subió aún más cuando se anunció la apertura de expediente contra el colegio por parte de la Junta de Andalucía. El centro contó con el apoyo expreso del obispo, Jesús Catalá, quien hizo gala de haber intervenido ante la fiscalía para paralizar el expediente. Al margen de su influencia real, lo cierto es que las diligencias quedaron archivadas.

Pero aún hubo más, pues Catalá acusó a la Junta y los padres de la menor de “abuso”, en palabras suyas: “El colegio y la fundación defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad, en contra del abuso de la Junta y de su madre… le respetamos más que todos ellos“. Esto ha propiciado que la familia de la niña haya presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo.

La menor, por cierto, ha acabado trasladándose de centro y el colegio San Patricio ha visto renovado su concierto (aunque la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad en Andalucía y el nuevo protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz deberían hacer imposible su continuidad futura de persistir la actitud del colegio).

Tras conseguir la reválida en las elecciones de  abril y mejorar sus posiciones, el gobernante VMRO-DPMNE, conservador y nacionalista, ha activado de nuevo el procedimiento para aprobar una enmienda a la Constitución que blinde el matrimonio como una institución reservada solo a parejas del mismo sexo. En septiembre del año pasado el Gobierno macedonio no conseguía la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar el cambio, pero sí parece haberla conseguido en el nuevo Parlamento.

Como explicamos en septiembre, el proyecto homófobo de modificación constitucional viene en realidad gestándose desde 2011. La iglesia ortodoxa macedonia se posicionó entonces a favor de las tesis del VMRO-DPMNE. Petar, uno de sus jerarcas, llegó a asegurar que “si se permite el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, entonces habría que permitir también matrimonios con ovejas, vacas y otros animales”.

En Macedonia el matrimonio ya aparece definido como la unión entre un hombre y una mujer en la legislación sobre la familia vigente desde 1996, pero la reforma blindaría esta definición e impediría que en un futuro más o menos lejano una mayoría parlamentaria inferior a los dos tercios pudiera aprobar el matrimonio igualitario. Algo en cualquier caso altamente improbable en un país tan socialmente conservador como la antigua república yugoslava de Macedonia, por lo que la iniciativa de modificación constitucional debe interpretarse más como un guiño del VMRO-DPMNE a la influyente iglesia ortodoxa.

La votación que ha dado luz verde al inicio del proceso de reforma constitucional (que incluye algunas otras medidas) fue aprobada el miércoles por 82 votos a favor y solo 6 seis en contra. El Parlamento de Macedonia tiene 123 escaños, por lo que los 82 votos favorables suman exactamente dos tercios. Parece que el VMRO-DPMNE sí ha conseguido en esta ocasión aliados suficientes entre otros grupos conservadores para sacar adelante su reforma. En septiembre no fue posible ante la negativa del opositor SDSM, de ideología socialdemócrata, que aunque ni mucho menos está a favor del matrimonio igualitario consideró entonces que “los ciudadanos tienen problemas mucho más graves no se resolverán mediante la definición de matrimonio en la Constitución”. Tras las elecciones de abril, sin embargo, la derecha mejoró sus posiciones y el SDSM quedó debilitado.

Si el proceso de reforma constitucional llega a su fin, Macedonia se unirá a otros países de la Europa del Este que a lo largo de los últimos años han reformado su Constitución para blindar al máximo nivel la discriminación de las parejas del mismo sexo en su acceso al matrimonio, como Croacia, Eslovaquia o Hungría (en otros casos, como Polonia o Lituania, sus constituciones ya limitaban el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer desde su redacción inicial en los años noventa).

El Tribunal Constitucional de Turquía considera que llamar “pervertidos” a las personas LGTB constituye una forma de lenguaje de odio equiparable al lenguaje racista. La sentencia que contiene esta apreciación está motivada por una denuncia de Sinem Hum, abogada que suele representar a activistas LGTB, contra una página web que entre otras cosas se refirió a ella como “la abogada de la asociación de pervertidos Kaos GL”. La sentencia, eso sí, no impone castigo alguno a la página denunciada al considerar que en este caso prevalece la libertad de expresión.

La sentencia, conviene precisar, no reconoce que la web denunciada (habervaktim.com) haya cometido delito contra el honor de Sinem Hun, al considerar que el término “pervertidos” no se refería a ella sino al colectivo LGTB al que en ocasiones representa. La frase estaba incluida en un artículo contra Hun motivado por la denuncia de la abogada contra una compañía de cosméticos por una serie de anuncios de carácter antisemita y machista, y no trataba en concreto de a su actividad como defensora de activistas LGTB, aunque sí mencionaba su papel como abogada de los “pervertidos” de Kaos GL, uno de los más importantes colectivos LGTB turcos.

De hecho, el Constitucional turco deja impune la web denunciada al considerar que su artículo estaba amparado por la libertad de expresión al no incluir una llamada expresa a la violencia o contener “lenguaje de odio que pueda dañar la pluralidad democrática o incluso destruirla”. Decisión que no ha sido compartida por Osman Alifeyyaz Paksüt, pretigioso diplomático y jurista y actualmente uno de los jueces del Constitucional turco, que sí considera que las observaciones contenidas en el artículo contra Sinem Hun sí la convierten en un objetivo potencial de violencia.

Más allá de la impunidad de la web en este caso, los activistas LGTB turcos han recibido la sentencia con moderada satisfacción y no dejan de ver en parte de su contenido un avance significativo. Se trata de la primera vez que el Constitucional turco se pronuncia de esta manera sobre el uso de lenguaje de carácter homófobo o tránsfobo, precedente que podría ser importante cara a futuras demandas motivadas por el odio homófobo o tránsfobo.

Una potente comunidad LGTB

En definitiva, una buena noticia que viene de un país del que con frecuencia nos llegan informaciones sobre violaciones de derechos de personas LGTB y delitos homófobos y tránsfobos. Pero Turquía, no conviene olvidarlo, ofrece también una cara diversa y abierta, con una importante y activa comunidad LGTB y colectivos como Kaos GL o Lambdaistanbul que hacen un gran trabajo en defensa de sus derechos (pese a los repetidos intentos de las autoridades de ilegalizarlos).

Organizaciones que por cierto en los últimos años están coniguiendo celebrar importantes Orgullos LGTB. En 2013 dedicamos una entrada al hasta entonces más multitudinario Orgullo de la historia de Estambul, pero hace solo tres semanas de nuevo decenas de miles de personas ocupaban de nuevo las calles de la ciudad turca en la que ya es la mayor manifestación de visibilidad LGTB de un país de mayoría musulmana.

Tamar Iveri, la soprano georgiana que hace poco más un mes veía como sus declaraciones homófobas publicadas el año pasado en Facebook saltaban a las primeras páginas de la actualidad y llevaban a la cancelación de actuaciones en operas tan importantes como las de Bruselas o Sydney, ha anunciado la celebración de una gala en favor de las personas LGTB de su país, que tendrá lugar el próximo 11 de octubre en Tiflis.

Según explica Identoba, organización georgiana de defensa de los derechos LGTB, Iveri cursó una visita a la sede de la organización, durante la cual se le explicaron los efectos tan nocivos que declaraciones de odio como las publicadas en su Facebook causan. La soprano reconoció el daño y se mostró muy preocupada por el efecto que sobre las personas LGTB de su país o de otros lugares podían haber tenido dichas palabras. Es por eso que Iveri ha querido contribuir a la celebración el 11 de octubre del “Día de Salir del Armario”, jornada instituida para poner en valor la visibilidad LGTB, con la organización de una gala en la capital georgiana a la que invitará además a figuras internacionales del mundo de la música. El dinero recaudado en la gala será dedicado a las víctimas del odio y la violencia.

Tamar Iveri, recordemos, había aplaudido a través de una carta abierta publicada en su Facebook los ataques recibidos por los participantes en el Orgullo de Tiflis de 2013, criticando además la protección dispensada a los manifestantes LGTB en términos muy ofensivos. El colectivo Identoba denunció por entonces la actitud de la soprano ante la Ópera Nacional de París, en los siguientes términos: “Nos gustaría llamar su atención sobre las actividades homófobas y estimuladoras del odio alentadas por una de sus cantantes de ópera, la Sra. Tamar Iveri, que han dado lugar a amenazas de muerte y lesiones físicas a muchos georgianos”. A pesar de todo, el concierto programado se llevó a cabo, aunque la cantante ofreció sus excusas a Identoba y procedió a borrar el texto homófobo de su cuenta.

Ello no impidió que la polémica tuviera una “segunda oleada” y casi un año después de lo sucedido en Tiflis el nombre de la soprano saltara a las páginas de los periódicos y viera canceladas actuaciones en Bruselas y Sydney. Tamar Iveri se excusó entonces alegando que el autor de la carta abierta había sido en realidad su marido, un ferviente ortodoxo opuesto a los derechos LGTB. Iveri también argumentó que “durante toda mi carrera he trabajado con gente gay y algunos de ellos son amigos muy queridos”.

Lo cierto es que en las excusas presentadas ante Identoba el pasado año Iveri no había hecho referencia a la presunta participación en los hechos de su marido. Sea como sea, y aunque muchos piensen que los motivos de la soprano son en realidad egoístas ante el daño que ha sufrido su carrera, le honra que haya decidido enmendar el error y que haya elegido hacerlo además de la mano del mismo grupo de defensa de los derechos LGTB que inicialmente denunció lo sucedido.

El Partido Popular catalán llevará ante el Consejo de Garantías Estatutarias la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento de Cataluña, impidiendo así que se apruebe antes del periodo vacacional. El PP argumenta que el proyecto, que contempla además un régimen sancionador para las conductas discriminatorias, supone un “exceso de discriminación positiva”.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto original puedes descargar aquí, y cuyas enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se han opuesto al dictamen final en comisión. Hace ahora un año, recordemos, todos los grupos del Parlamento catalán rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

La proposición de ley es un avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. En este sentido el texto se acomoda a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Una ley que contempla sanciones, a diferencia de la gallega

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado hace pocas semanas por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. Incluye además el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar su inocencia, y no al revés. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y ha decidido recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Ello supondrá, en el mejor de los casos, que el proyecto no se vote la semana próxima, como estaba previsto, retrasándose la aprobación final a la vuelta de las vacaciones. Para Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gay de Catalunya (uno de los colectivos impulsores de la iniciativa) la decisión del PP no responde más que “a una estrategia obstruccionista y de no querer erradicar la violencia homófoba”. Rodríguez ha dejado claro además que los colectivos LGTB catalanes nunca aceptarán una ley que no incluya un régimen sancionador.

Confiemos en que la maniobra no le salga bien al PP y la apretada agenda política catalana no impida la aprobación de un proyecto que supone  un gigantesco paso adelante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Se consumaron los peores temores, adelantados ya hace un año. El Gobierno de Perú ha excluido toda mención a las personas LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, que fue aprobado finalmente hace un par de semanas. Así lo ha denunciado tanto el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) como la Defensoría del Pueblo del Perú o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El plan aprobado reconoce, en su tercer lineamiento estratégico, la existencia de grupos que requieren especial protección a sus derechos humanos: adultos mayores; afroperuanos y minorías étnico-raciales; personas con discapacidad; migrantes, desplazados y víctimas de trata; mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas privadas de la libertad; indígenas; víctimas del conflicto armado interno; y personas con VIH y tuberculosis. Desaparece finalmente cualquier mención a las personas LTGB, y ello pese a que el borrador elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú en noviembre de 2012 contenía hasta 18 acciones para el reconocimiento, protección y promoción de sus derechos humanos. Acciones que según explica el MHOL “contemplaban la dación de leyes y ordenanzas contra la discriminación y los crímenes de odio, la prevención del bullying homofóbico, el reconocimiento de derechos de las parejas homosexuales, la ratificación de tratados internacionales que protegen a personas LTGBI, entre otras medidas”. Estas 18 acciones se convirtieron en los sucesivos borradores a los que el MHOL tuvo acceso en 14, después en 7, y finalmente en cero en la versión aprobada y publicada.

El MHOL ha querido desmentir además las declaraciones del ministro de Justicia peruano, Daniel Figallo, según el cual la comunidad LGTB no ha sido excluida del plan. “Si las declaraciones de Figallo respondieran a la verdad, dichas acciones no hubieran sido discriminadas del Plan finalmente aprobado y publicado”ha expresado dicha organización tras conocer las declaraciones del ministro. “La exclusión de los derechos humanos de más de tres millones de peruanas y peruanos LTGBI del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 es un claro retroceso respecto al Plan 2006-2010 que sí contenía acciones explícitas contra la homofobia, e incumple diversos compromisos contraídos por el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Perú, Colombia y la Unión Europea”, añade el MHOL.

Preocupación del Defensor del Pueblo peruano por la exclusión

La exclusión de las personas LGTB ha sido también denunciada por el Defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega, que en una carta dirigida al ministro de Justicia expresa que “observamos con preocupación que no se haga ninguna mención a la situación de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género ni a la necesidad de políticas específicas a su favor. Esta ausencia contradice la visión, misión y lineamientos estratégicos reconocidos en el propio documento, así como en los instrumentos y resoluciones de la ONU y otras organizaciones internacionales que lo sustentan (…) El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado al Estado peruano a modificar su legislación con el fin de prohibir la discriminación por los motivos antes señalados y a ‘establecer clara y oficialmente que no tolera ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad, la bisexualidad o transexualidad, la discriminación o la violencia contra personas por su orientación sexual o identidad de género’. Esta situación expresa, además, una falta de continuidad en las políticas estatales, pues el Plan Nacional 2006-2010 sí incorporó algunas acciones para contribuir a revertir la grave situación de los derechos fundamentales de este colectivo”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú también ha expresado su preocupación por el hecho de que se hayan invisibilizado por completo “los derechos de un grupo vulnerable como es la población LGTBI”, mientras que Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), una de las organizaciones en favor de los derechos humanos más importantes del país, ha denunciado que “se deja de lado lo que se había avanzado en relación a las personas de orientación sexual diversa y eso expresa que el gobierno ha dejado de lado a la población LGTBI, confirmando así los silencios que ha tenido el presidente Ollanta Humala frente al debate de la unión civil”.

Un gobierno indiferente a los derechos LGTB

La exclusión de las personas LGTB del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos viene a confirmar la definitiva claudicación de los poderes políticos peruanos ante los sectores más profundamente homófobos del país, defraudando el moderado optimismo que en su momento despertaron las promesas inclusivas del presidente Ollanta Humala.

Hace ahora un año, precisamente, el Congreso de Perú decidía también excluir la orientación sexual y la identidad de género de la ley contra crímenes por discriminación (“crímenes de odio”). Y las ilusionantes expectativas que había despertado el proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo han quedado también frustradas por la reciente decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de sustituirlo por un sucedáneo denominado “unión solidaria”, un contrato entre dos personas con independencia de su sexo que regularía aspectos patrimoniales pero que no las reconoce como unidad familiar.

298 personas han perdido la vida al ser alcanzado el avión de Malaysia Airlines en el que viajaban por un misil, dentro del espacio aéreo ucraniano. En concreto, ha ocurrido en la región de Donetsk, una de las zonas en conflicto de Ucrania, de mayoría prorrusa. El Boeing 777 malasio cubría la ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Entre los pasajeros del avión se hallaba un nutrido grupo de infectólogos, investigadores y activistas que iba a participar en la 20ª Conferencia Internacional sobre el Sida en Australia. Samantha Powers, embajadora de Estados Unidos en la ONU, ha asegurado durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad que se ha celebrado hoy en Nueva York que el impacto del misil no fue accidental y que “no se puede descartar asistencia técnica de personal ruso”.

En los mismos términos que Estados Unidos (sobre la posible premeditación de la catástrofe por parte de las fuerzas prorrusas) se han expresado en el Consejo de Seguridad de la ONU otros países como Francia, Reino Unido o Australia, mientras que China argüía no precipitarse para evitar conclusiones precipitadas. En cualquier caso, los miembros del Consejo han solicitado una investigación internacional “completa, exhaustiva e independiente sobre el incidente de acuerdo con las directrices internacionales de la aviación civil para determinar las responsabilidades correspondientes”.

Además de la aflicción internacional por el conjunto de víctimas humanas, numerosas instituciones vinculadas a la investigación y la prevención del VIH-sida han enfatizado su abatimiento por el centenar de expertos que viajaba a Melbourne (Australia) para participar en la 20ª Conferencia Internacional sobre el Sida. Uno de los científicos fallecidos ha sido el holandés Joep Lange, otrora presidente de la Sociedad Internacional del Sida (International AIDS Society, organizadora de la citada conferencia). Según Chris Beyrer, el actual presidente de dicha institución, con Joep Lange, “el movimiento VIH/sida ha perdido a un gigante”.

En España, el presidente de la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA), Juan Ramón Barrios, ha expresado que hoy “es un día triste, además de un fuerte varapalo, para el estudio del VIH-sida la pérdida de 100 de los mejores investigadores en esta materia”. Y ha añadido que “desde CESIDA enviamos nuestras condolencias a las familias y amigos de todas las víctimas”.

Por su parte, desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) han recordado que “uno de los temas fundamentales de esta conferencia, que se inaugura el domingo, es la atención al colectivo de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en los países del llamado primer mundo”. La FELGTB también se ha querido sumar “a la consternación del movimiento internacional en respuesta al VIH y quiere acompañar en el sentimiento a familiares y personas allegadas” aunque ha solicitado al Gobierno español y a las instituciones internacionales “ayuda en I+D+i del para que el trabajo de estas personas recientemente fallecidas pueda continuarse”.

A pesar de los trágicos decesos, la Sociedad Internacional del Sida ha asegurado que el encuentro internacional tendrá lugar en las fechas previstas (entre el 20 y el 24 de julio) “en reconocimiento por la dedicación de nuestros colegas en la lucha contra el sida”.

 El Ayuntamiento de Torremolinos, gobernado por el PP, ha prohibido de forma expresa la celebración del “Orgullo Solidario”, un evento que pretendía servir de colofón a la campaña de recogida de alimentos emprendida por el colectivo LGTB y los empresarios de los principales locales de ocio gay de la localidad malagueña, a no ser que se garantice que esa noche no habrá actuaciones de transformistas, al considerar que estos artistas “no dan buena imagen”.

A finales de junio, el empresario Alberto Montilla decidió emprender una iniciativa pionera en España, una recogida de alimentos para comedores sociales de Torremolinos y Málaga. Así, del día 1 al 21 de julio, varios locales de ambiente LGTB de la localidad actúan como sedes de recogida de alimentos, contando con un cartel que permite a los vecinos que quieran colaborar identificarlos.

Para poner fin a esta solidaria actividad, COLEGA Torremolinos pensó en organizar un evento de carácter lúdico en el que pudieran participar tanto los organizadores de la campaña como cualquier ciudadano que así lo desease. “Pensé que el día 25 de julio, que además es viernes, podríamos hacer una fiesta en la Plaza de la Nogalera para seguir recaudando fondos y celebrar el Orgullo de alguna manera. La idea era la de leer un manifiesto, hacer unas pequeñas actividades, decorar con banderas arcoíris y contar con algunas actuaciones”, comenta Santiago Rubio Muñiz, presidente del colectivo.

Así, COLEGA Torremolinos se pone en contacto con el Ayuntamiento para pedir los permisos necesarios y saber si podían contar con el espacio requerido en el día señalado. “El Ayuntamiento me pregunta por el tipo de actuaciones que pensábamos poner y les comento que habrá transformistas puesto que en la campaña participan locales de ambiente. Me piden que espere y cuando me vuelven a llamar me dicen que sí a todo pero que no autorizan las actuaciones de transformismo, porque ese día habrá muchas familias con niños y justo a unos metros de la Plaza hay un parque infantil y no da buena imagen”, asegura Rubio.

El presidente de COLEGA Torremolinos critica la actitud discriminatoria del consistorio. “Les dije que no entendía que no se permitiera la actuación de un transformista y sí otras cosas. No se puede impedir que se corte una carretera para un desfile de carnaval pero sí para pasear santos, por ejemplo. Ellos me dijeron que yo sabía lo mucho que el alcalde había hecho por el colectivo gay y yo les dije que ni siquiera existía un folleto donde se anunciase Torremolinos como destino gay”, ha manifestado Rubio en declaraciones a dosmanzanas. Rubio añade que le dijeron que no iban a permitirle “convertir Torremolinos en un Chueca, a lo que respondí que más quisiera”.

Les comenté que solo pretendía recuperar algo histórico, ya que desde los años sesenta Torremolinos ha sido un referente de libertad y de la movida gay. No hay que olvidar que los mejores transformistas del mundo venían aquí porque era un lugar donde se respiraba libertad”, apunta Rubio. “Lo que ha pasado es que el alcalde no ha medido la fuerza que yo puedo tener aquí y se ha visto desbordado. Algo que para mí habría sido fácil de arreglar ha acabado desbordándome también a mí, pero ya no estoy dispuesto a echarme atrás”, añade.

“Quieren presumir públicamente de su homosexualidad”

Por su parte, el Ayuntamiento de Torremolinos ha emitido un comunicado en el que argumenta que COLEGA Torremolinos “se ha caracterizado últimamente por exigir y coaccionar al Ayuntamiento para que tenga una discriminación positiva con los actos que realiza, lo que significa una discriminación para el resto de la población, a lo cual el Ayuntamiento no se va a someter“. Además, añaden que esta asociación LGTB “representa a un determinado número de homosexuales, pero en absoluto representa a todos los homosexuales torremolinenses, y mucho menos a aquellos que no tienen necesidad o no quieren presumir públicamente de su homosexualidad“.

La respuesta no se ha hecho esperar y la mordaza que el alcalde Pedro Fernández Montes pretendía ponerles ha desembocado, a propuesta de COLEGA Torremolinos, en la declaración del día 25 de julio como “Día Internacional del Transformismo”. Este colectivo exige asimismo la dimisión de Fernández Montes y ya ha anunciado que tomará “medidas judiciales por la difamación, abuso de autoridad, coacciones y amenazas” a las que están siendo sometidos.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, lanza en septiembre el proyecto Positivos 2.0 en el que aportará soporte emocional a través de las nuevas tecnologías a jóvenes que han sido diagnosticados de infección por VIH en los últimos tres años y residan en España.

Positivos 2.0 aumentará las capacidades de estos jóvenes, de entre 18 y 25 años, para afrontar su infección, compartiendo experiencias y emociones con otros hombres en su misma situación. Una psicóloga será la encargada de dirigir las sesiones semanales que acoge el proyecto y que pueden llegar a personas de todo el territorio a través de un sistema de videoconferencias.

El participante elegirá el grado de anonimato y confidencialidad que desea mantener con respecto al resto de usuarios y puede unirse a la iniciativa, que empezará en septiembre, escribiendo un mail a tec.salud@felgtb.org o llamando al teléfono 91 360 46 05.

Santiago Redondo, coordinador del Área de Salud de FELGTB, ha recordado que “mientras el VIH siga siendo una enfermedad estigmatizada y que provoca discriminación, el trabajo de soporte emocional y ayuda mutua es crucial. La mitad de los participantes de nuestra encuesta no habían participado nunca en un grupo de ayuda mutua por lo que mostraron niveles más altos de estigma interiorizado y aislamiento”.

Los jóvenes entre 15 y 24 años suponían un 14% de los nuevos diagnósticos de VIH en HSH (hombres que tienen sexo con hombres) en 2009, porcentaje que ha venido creciendo desde 2004.