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Una vez más nos llega una mala noticia desde África, en concreto de Senegal, donde el periodista Tamsir Jupiter Ndiaye ha sido condenado por segunda vez a prisión acusado de homosexualidad. Ndiaye deberá pasar seis meses en la cárcel, después de que un joven le acusara de intento de violación.

La situación de vulnerabilidad de las personas homosexuales, solo por el hecho de serlo, en países como Senegal, que persiguen las relaciones entre personas del mismo sexo, las convierte en blanco fácil. La historia, de hecho, es sospechosamente confusa. La acusación, intento de secuestro y violación de un adolescente y conducir bajo los efectos del alcohol. Algo difícil de creer si se tiene en cuenta que el propio Ndiaye se vio obligado a buscar refugio en una comisaría de Dakar después de ser reconocido por la multitud en una gasolinera en la que supuestamente habría contactado con dos jóvenes con intención de mantener relaciones sexuales. Existen incluso dudas de que el adolescente al que habría querido secuestrar, que asegura tener 16 años, sea realmente menor de edad. Por cierto que el joven, menor o no, le robó al propio Ndiaye su teléfono móvil.

El periodista ya fue condenado en 2012 a cuatro años de prisión por mantener relaciones con otro hombre al que agredió cuando al parecer este le reclamó dinero a cambio. En su momento, el caso fue utilizado por medios de comunicación y líderes religiosos para desatar una nueva campaña de odio homófobo. Finalmente Ndiaye fue indultado en 2013, pero no ha dejado de ser un personaje relativamente conocido, lo que hace aún menos creíble la historia. De hecho, el tribunal que lo ha juzgado le ha condenado a seis meses de prisión, en lugar de los cinco que pedía la fiscalía. Solo lo ha considerado culpable de actos “contra natura”, pero no de intento de secuestro del menor ni de conducir bajo los efectos del alcohol.

Senegal: penas de hasta cinco años de cárcel por homosexualidad

Senegal, un país de África occidental de mayoría musulmana, castiga las relaciones homosexuales con hasta cinco años de cárcel y multas que en los casos más extremos pueden llegar hasta los 1.500 euros, cifra exorbitante para un ciudadano senegalés. Ya en 2010 nos hacíamos eco de un informe de Human Rights Watch que alertaba del incremento de las agresiones hacia las personas homosexuales en ese país, estimuladas por líderes políticos y religiosos que habrían sido decisivos a la hora de fabricar un clima de violencia homófoba con la connivencia de buena parte de los medios de comunicación.

En abril de 2013, la jefatura del Estado senegalés emitió un comunicado en el que declaraba que “los valores culturales básicos enraizados [en Senegal] no pueden ser compatibles con la opción de despenalizar la homosexualidad”, afirmando con firmeza que “el Estado no ha considerado esa opción, que se excluye por completo de su doctrina política”. Esta misma declaración fue reiterada por el presidente Macky Sall dos meses más tarde, durante la visita que efectuó al país africano Barack Obama. Incluso quienes defendieron la despenalización en el pasado, como el expresidente honorario de la Federación Internacional de Derechos Humanos Sidiki Kaba, desistió de su intención al convertirse en ministro de Justicia de Senegal.

Muchas de las agresiones, detenciones e incluso linchamientos ni siquiera alcanzarían las páginas de la prensa internacional. El hostigamiento también alcanza a las mujeres lesbianas o percibidas como tales, como recogimos por ejemplo en septiembre de 2013. Entonces, por suerte, cuatro de las cinco detenidas fueron puestas en libertad. El último caso del que nos hicimos eco fue en febrero del año pasado la condena a seis meses de prisión a una pareja de hombres, denunciada por sus propios vecinos.

Purificación Causapié, número dos de la lista que el PSOE presentó en las pasadas elecciones municipales, será la nueva portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Causapié, lesbiana visible, ocupó la secretaria de Igualdad del PSOE en la época en que Alfredo Pérez Rubalcaba ocupó la secretaría general de ese partido. Sustituye en el cargo a Antonio Miguel Carmona, al que la nueva dirección socialista en Madrid ha cesado de forma fulminante.

Bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Purificación Causapié fue secretaria general para la Atención a la Dependencia y directora general del IMSERSO. Antes había ocupado puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía, donde fue directora general de Servicios Sociales e Inclusión. Su carrera política, por tanto, ha estado preferentemente enfocada hacia las políticas sociales. Causapié, lesbiana visible, se convierte en nuestro conocimiento en la primera persona abiertamente LGTB en ser portavoz de un grupo municipal en el Ayuntamiento madrileño.

Por lo que se refiere a su antecesor, Antonio Miguel Carmona, su destitución como portavoz era adelantada en la mañana de este lunes por la cadena SER, aunque no se ha confirmado hasta varias horas después. Su relevo es consecuencia directa de la elección como nueva secretaria de los socialistas madrileños de Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, que se imponía en las elecciones primarias celebradas hace pocos días con el 57,7% de los votos a su Juan Segovia, que obtuvo el 42,3%. Unas primarias que pusieron en evidencia una vez más la división crónica existente en el socialismo madrileño.

Hernández era la candidata de la dirección nacional, por lo que la decisión de destituir a Carmona se interpreta como un golpe de mano del propio Pedro Sánchez. El argumento oficial, los malos resultados de Carmona en las pasadas elecciones (cuando una parte muy significativa del electorado socialista decidió hacer uso del “voto útil” y votar la candidatura de Manuela Carmena, mejor colocada en las encuestas, para conseguir derrotar a Esperanza Aguirre). Todo apunta sin embargo a que la verdadera razón es el afán de la dirección socialista de reducir a la mínima expresión al sector afín al defenestrado Tomás Gómez en el PSOE madrileño. El propio Carmona ha señalado que “no es una decisión que haya tomado solo Sara Hernández”, al tiempo que ha reiterado que “seguiré siendo amigo de Tomás Gómez y de Juan Segovia, como de muchos otros socialistas madrileños”. “No estoy de acuerdo con la dirección federal ni con la dirección regional, pero no estar de acuerdo no puede ser usado para apartarme. No estar de acuerdo es una bandera del socialismo”, ha añadido Carmona, dolido. El hasta ahora portavoz municipal, al que Sara Hernández ha ofrecido ser senador, ha rechazado sin embargo la “patada hacia un lado”. “Los madrileños me han elegido para ser concejal, y ser concejal no es menos importante que ser senador”, ha declarado.

Con independencia de consideraciones internas de partido -que nos resultan ajenas- desde dosmanzanas no podemos sino felicitarnos por la promoción de una política abiertamente LGTB y firme defensora de la igualdad. Lamentamos, sin embargo, las malas formas con las que ha sido destituido como portavoz socialista Antonio Miguel Carmona, un político que en los últimos tiempos se ha mostrado abiertamente comprometido con la causa LGTB y que tuvo la gentileza de invitarnos el pasado mes de septiembre, en un local de Chueca, a la presentación de su candidatura a las elecciones primarias para encabezar la lista de su partido en Madrid. Como ya dijo en una famosa frase el que fuera canciller alemán Konrad Adenauer, “hay enemigos, enemigos mortales, y compañeros de partido”.

¿Futuras dificultades para la alcaldesa Carmena?

En diversos medios de comunicación se ha llegado a especular si tras la operación no se estarían sentando además las bases para una futura operación contra la actual alcaldesa, Manuela Carmena, si en próximos meses se produce un cambio de la coyuntura política (Carmena está apoyada por Ahora Madrid, formación política emparentada con Podemos). La alcaldesa, recordemos, no cuenta con mayoría absoluta y necesitó los votos socialistas para ser investida. En este sentido, han llamado mucho la atención las palabras de Sara Hernández, según la cual el PSOE-M (las nuevas siglas del partido en la Comunidad de Madrid) ”dará un paso al frente para plantear su modelo alternativo de ciudad” si la alcaldesa no empieza a preocuparse “por lo que de verdad afecta a los madrileños”. Ello implicaría un acuerdo a tres bandas entre PSOE, PP y Ciudadanos para proponer un candidato alternativo. Algo que a día de hoy parece imposible.

Un joven gay menorquín ha sido condenado a tres años de cárcel por un delito de agresión sexual a una chica en Barcelona. Ahora, Joan Cardona, de 27 años, tiene sus esperanzas puestas en el Tribunal Constitucional, ante el que su abogado ha presentado un recurso de amparo para lograr que el caso sea revisado.

Todo comenzó el 19 de noviembre de 2012, cuando una joven sufrió una agresión sexual en el portal de su casa a manos de un chico que, según la víctima, conducía una moto y que forcejeó con ella realizándole tocamientos tanto en el pecho como en la zona genital, por encima de la ropa.

Diez días más tarde, la víctima de la agresión denunció al supuesto agresor al reconocerlo en el supermercado en el que trabajaba como cajera, y donde Joan solía comprar habitualmente. Poco después, Joan fue llamado a declarar a la Comisaría de los Mossos d’Esquadra del barrio barcelonés de Sants y allí se le comunicó que se le acusaba de intentar abusar de una chica.

En su declaración inicial, la joven aseguró que nunca antes había visto a su agresor. Sin embargo, no dudó en señalar a Joan, quien era cliente habitual de su supermercado, en la rueda de identificación.

Durante el juicio, celebrado en octubre de 2014, la acusación aportó como pruebas el testimonio de la víctima de la agresión y el de un compañero de trabajo que, si bien no estuvo presente en el momento de los hechos, corroboró que Joan era cliente habitual del supermercado. La denunciante también apuntó que su agresor había llegado en moto hasta su portal, pero Joan demostró que no tiene ni moto ni carné para conducirla. Asimismo, la joven dio una descripción física de su atacante que, según las pruebas aportadas en el juicio por Joan, no se correspondía del todo con el aspecto que el joven tenía en el momento de los hechos.

El joven denunciado, por su parte, se declaró inocente ante el tribunal, presentando varias pruebas. Por un lado, aportó los testimonios de su hermano y su compañera de piso, quienes juraron que la noche de la agresión Joan estaba cenando con ellos. Por otro lado, y como testigo de su condición homosexual, el acusado contó con la declaración de quien era su novio en el momento de lo ocurrido. Este señaló que, casi a la misma hora en que se produjo la agresión, se encontraba chateando con Joan a través de la red social Facebook.

A mí me dio la sensación de un juicio hecho a medida de la víctima, ya que si mi hermano hubiera presentado más pruebas y testigos creo que también hubieran servido de poco. La víctima no presentó ninguna prueba, ni un informe psicológico. Presentó un testimonio que no era ni del día de los hechos, sino del día que lo identificó en el supermercado […] Creo firmemente que se ha vulnerado el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho a la presunción de inocencia”, cuenta a dosmanzanas Lourdes, la hermana del joven acusado.

El titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Barcelona condenó al joven a tres años de prisión y le impuso una orden de alejamiento  que le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros. Según consta en la sentencia condenatoria, el juez dio por válido el testimonio de la joven al considerar que resultaba “veraz, convincente, concreto y persistente a lo largo de todo el procedimiento porque existen numerosos indicios objetivos que avalan la verosimilitud de su declaración”. 

Tras conocer la sentencia, Joan presentó un recurso de apelación que ha sido desestimado y, tras el cual, la juez del Juzgado Penal número 12 de Barcelona concede ahora al joven diez días para presentarse en el centro penitenciario más próximo a su domicilio. “Notificación de prisión recibida. En 10 ó 15 días dirán si debo ingresar“, señalaba el propio Joan a través de Twitter al conocer la noticia.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

La última esperanza de Joan, que actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico, está ahora en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que su abogado va a presentar a principios de septiembre para pedir que se anule la sentencia, por lo que consideran una vulneración de sus derechos y de su presunción de inocencia. De momento, y para ganar tiempo, ya ha presentado un escrito en el que solicita a la Audiencia Provincial de Barcelona que suspenda la ejecución de la sentencia hasta que se pronuncie la alta instancia judicial.

“La última decisión judicial ha sido como un mazazo que mina poco a poco tu esperanza, pero estos días nuestro abogado y la familia están trabajando para evitar lo peor […] Hoy nuestro abogado presentará nueva documentación y comunicará que pedimos un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional con la esperanza de que la juez lo valore positivamente junto con el fiscal. Si es así, se evitaría la cárcel”, señala Lourdes. El recurso al Tribunal Constitucional, que presentarán a principios de septiembre, se resolverá en el plazo de entre seis y nueve meses. En caso de admitirse a trámite, su resolución podría tardar en torno a dos o tres años pero Lourdes apunta que “si el Tribunal Constitucional nos falla, iremos al Tribunal de Estrasburgo”.

La petición en la plataforma change.org para que el Tribunal Constitucional revise el caso de Joan ya ha superado las 7.000 firmas y en las redes sociales su denuncia se canaliza con el hashtag #justiciaparaJoan. Asimismo, la familia de Joan ha decidido llevar el caso ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH) en Ginebra, organismo ante el cual presentaran un escrito donde se exponen los pormenores del caso y un dossier de prensa, acompañados de las firmas recogidas hasta el momento.

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PSOE (nueve concejales) gracias al apoyo de Ganemos Ciudad Real (cuatro concejales) aprobó el pasado jueves una moción presentada por este último grupo que propone una serie de medidas contra la LGTBIfobia. Lo que más nos ha llamado la atención, sin embargo, es la posición de los otros dos grupos municipales, PP  y Ciudadanos, cuyos diez y dos concejales votaron en contra y se abstuvieron, respectivamente. La representante del PP reprochó a los proponentes el trato que reciben las personas homosexuales en Cuba y argumentó que fue José María Aznar el que aprobó las uniones civiles entre personas del mismo sexo (algo que es radicalmente falso).

La moción aprobada propone, entre otras medidas, iniciar un protocolo de actuación integral con el que tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, así como denunciar los delitos de odio de forma contundente, formación en prevención de la LGBTIfobia a los agentes de la Policía Local así como a funcionarios/as y la completa supresión en la documentación oficial de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier orientación sexual.

Pues bien, según recoge el digital miciudadreal.es, la concejala popular Lola Merino justificó su oposición a la medida en el hecho de que existen otro tipo de discriminaciones, en que en más de ochenta países la homosexualidad está perseguida y en que de los que la castigan con pena de muerte ninguno tiene como religión oficial la católica… “Lo más fácil es atacar a la Iglesia católica y no a estos países”, argumentó la concejala, según la cual “después de los países musulmanes es en los regímenes comunistas donde hay más se reprime a los homosexuales. En Cuba se les encierra en campos de trabajo para que se hagan hombres”. Un argumento que ya hemos escuchado numerosas veces en el pasado y que, dejando aparte que la situación del colectivo LGTBI en Cuba ha mejorado sensiblemente, no deja de ser falaz cuando de lo que se trata es de discutir una medida local relativa a Ciudad Real.

El delirio de Lola Merino alcanzó sin embargo su máximo al asegurar que fue el gobierno de José María Aznar el primero que defendió al colectivo LGTBI aprobando las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Algo que por cierto jamás sucedió. Lo que sí hizo en su momento Aznar fue interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de parejas de hecho, aprobada en 2003, por permitir adoptar conjuntamente a las parejas del mismo sexo. Un recurso que retiró José Luis Rodríguez Zapatero tras ganar las elecciones en 2004. La representante del PP argumentó además que el protocolo de actuación contra delitos de odio aprobado por el Ministerio de Interior es más amplio que el que solicitaba Ganemos Ciudad Real en su moción, y acusó a esta formación de utilizar a las personas homosexuales para fomentar el odio al PP y a la Iglesia católica.

Por lo que se refiere a Ciudadanos, su concejal Francisco Javier Fernández-Bravo justificó su abstención en el hecho de que todo el mundo cuenta entre sus amistades con personas homosexuales, asegurando que estas están integradas y normalizadas”. Según afirmó “la discriminación positiva no les hace ningún favor” y supone un paso atrás. Tal cual…

Hace solo unos días, dosmanzanas publicaba la noticia de la negativa del obispado de Cádiz a que Álex Salinas, un hombre transexual, se convirtiera en el padrino del bautizo de su sobrino, a pesar de ser un católico practicante. Numerosos medios de comunicación se han hecho también eco de su caso y, además, Salinas ha encontrado la solidaridad del activismo LGTB. Una de las voces críticas más enérgicas ha sido la de Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, quien ha asegurado, en declaraciones a dosmanzanas, que es “absolutamente falso que exista una norma divina que obligue a discriminar”. Asimismo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) o el Observatorio Español contra la LGBTfobia (StopLGTBfobia) son algunas de las organizaciones que han salido en defensa de los derechos de este joven trans de 21 años.

Hemos hablado con Álex Salinas y nos ha explicado que está en trámites para la presentación de una demanda como consecuencia de los hechos ocurridos. “No puedo quedarme de brazos cruzados, pensando: ¿Cuántos como yo habrá? ¿Cuántos se habrán callado?”, dice Salinas. Y es que, según él mismo aclara, “esta no es solo mi lucha, sino la de todos”. Lo mismo opina la activista y diputada madrileña Carla Antonelli, que asevera que “por encima de cualquier dogma religioso está la legislación vigente”. Desde la FELGTB añaden al respecto que con la reasignación de Salinas y con la identidad oficial de hombre que figura en su DNI, “la iglesia católica incumple las leyes”.

Cuando una persona realiza la rectificación registral de su nombre y sexo, esto no supone una perdida de derechos, tal y como recoge la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas (Ley 3/2007). En el artículo 5.2 de dicha ley se establece que “la rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición”. Por todo ello, para ATA-Sylvia Rivera, excluir a una persona por su identidad sexual y de género “es un  atentado contra los derechos fundamentales”. La presidenta de esta organización, Mar Cambrollé, defiende que “las leyes de la iglesia  no pueden vulnerar una norma de rango estatal  superior como es la Constitución española o la anteriormente citada, máxime cuando se nutre económicamente de dinero público”.

Algunas personas se han preguntado en estos días, en público y en privado, por qué una persona trans quiere participar en una institución que la discrimina. Sin embargo, Álex Salinas entiende que “una persona creyente lo es porque siente la fe, la necesita y se vincula a ella desde que tiene uso de razón. Yo me vinculé al cristianismo porque es mi religión desde que tengo consciencia. Y sé perfectamente lo que opinan los mandamases de los homosexuales, transexuales, bisexuales, etc”. Pero, a pesar de todo, defiende su derecho a vivir su fe y a luchar por la inclusión desde dentro de la iglesia. “¿No nos ama Dios a todos por igual? Entonces, ¿por qué no somos aceptados como somos? Si un cura le negase hacer la comunión a un niño albino no sería un escándalo?”, reflexiona Salinas.

En unos términos muy parecidos también se ha expresado Carla Antonelli: “la iglesia tiene potestad para ciertas cosas, pero no puede contravenir las normas que regulan la convivencia de nuestro estado democrático. Por ejemplo: ¿tiene la iglesia la potestad de impedir la comunión a una persona negra por el hecho de ser negra?… ¡No, no la tiene!”, justifica Antonelli. La diputada socialista cree que este tipo de desagravios y discriminaciones convierten a sus autores en “indignos representantes de la palabra de dios, entendiendo esta como el amor y el respeto al prójimo”.

Contradicciones en la jerarquía eclesiástica

El caso de Álex Salinas choca con las palabras del papa Francisco a otro hombre transexual español, al que recibió en su residencia vaticana de Santa María el pasado mes de enero: “¡claro que eres hijo de la iglesia!”, le dijo el sumo pontífice. Salinas recuerda que el papa Francisco “ha dicho infinidad de veces que él no es quién para juzgar a nadie y que todos somos iguales ante los ojos de dios y si se supone que el papa es el jefe supremo, ¿por qué no seguir su ejemplo?, ¿por ideales? No lo sé, pero me gustaría saberlo”.

“Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Preguntado por esta cita bíblica, recogida en el testamento según San Juan, Salinas considera que “en esa situación ninguno podría tirar la primera piedra. Puesto que tenemos conocimiento de los sucesos que han pasado y pasan dentro de la iglesia”. El joven de San Fernando (Cádiz) se pregunta, por lo tanto, “¿por qué a mí no se me acepta como padrino?, ¿acaso presuponen que esto es un pecado?… Y ahora se escandalizan porque los medios hablen de discriminación. No juzguéis si no queréis ser juzgados”.

Por su parte, el obispado de Cádiz ofreció a Álex Salinas ser el ‘padrino espiritual’ de su sobrino, aunque no figure él en la partida oficial. Una opción que de ninguna manera le satisface, ya que supondría aceptar que no reúne los requisitos para ser el padrino efectivo. Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz, ha anunciado que se reunirá a partir de septiembre con Salinas para tratar su caso, aunque se mantiene tozudo en que lo sucedido “no supone ninguna discriminación”. Una visión totalmente diferente a la del propio afectado, que defiende que “la iglesia necesita actualizarse”, compartida por la práctica totalidad del activismo LGTB.

En la plataforma Change.org todavía se puede firmar la petición para que el obispado de Cádiz rectifique y a Álex Salinas se le permita ser el padrino de su sobrino, finalmente.

Una muy mala noticia que no hubiéramos querido recoger. Shira Banki, la chica de 16 años que resultó gravemente herida en el ataque al Orgullo LGTB de Jerusalén el pasado jueves, ha fallecido. Su familia ha decidido donar sus órganos. Es una nueva víctima del odio homófobo. Su asesino, el judío ultraortodoxo Yishai Shlissel, ya había cometido un primer ataque contra los asistentes al Orgullo de la ciudad milenaria hace ahora 10 años. 

Lo contábamos hace un par de días. Shlissel acababa prácticamente de salir de prisión, tras cumplir la condena que le fue impuesta por acuchillar a tres asistentes al Orgullo LGTB de 2005 en Jerusalén, sin haber mostrado nunca el menor arrepentimiento. De hecho, no dudó en repetir el ataque diez años después. Seis personas resultaron heridas, una de ellas la chica ahora fallecida.

Lo sucedido el pasado jueves ha conmocionado al colectivo LGTB israelí, que de nuevo vuelve a ser víctima del peor fanatismo religioso. No en vano el Orgullo de Jerusalén, un evento mucho más minoritario que el de la gay-friendly Tel Aviv, rara vez se libra de incidentes y debe siempre celebrarse con fuerte presencia policial, debido a la hostilidad de los grupos religiosos. La de Banki tampoco es la primera muerte consecuencia de un ataque a la comunidad LGTB en Israel. En agosto de 2009, un ataque contra el centro LGTB de Tel Aviv causó la muerte a otros dos jóvenes. Tres sospechosos fueron detenidos en 2013 (supuestamente relacionados con una venganza personal contra uno de los responsables del centro) y de hecho uno de ellos permaneció en prisión durante varios meses acusado por un testigo protegido cuyo testimonio resultó luego ser falso. Finalmente se retiraron todos los cargos. A día de hoy el responsable o los responsables de lo sucedido siguen en libertad.

Como recogimos en nuestra anterior entrada, el Gobierno israelí ha ordenado abrir una investigación que depure responsabilidades por lo sucedido. Ya se está investigando, por otra parte, la conexión entre Yishai Shlissel y la esposa de un rabino de Jerusalén muy conocida por su oposición al Orgullo, conexión que tanto esta como su marido han negado.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ya el jueves expresó su condena por lo sucedido, ha reiterado sus condolencias a la familia de Shira y ha prometido que todo el peso de la ley caerá sobre su asesino. Promesas que no le devolverán la vida a la joven. Está por ver que sirvan para que episodios como este no se vuelvan a repetir.

Nuevo giro a la derecha más radical del partido populista y anti-euro Alternativa para Alemania (AfD). Después de sufrir una escisión de su ala más moderada, comandada por el expresidente Bernd Lucke, la formación se escora hacia el conservadurismo más reaccionario. Buena muestra de ello es la reciente resolución de la federación de Baden-Wurtemberg, que establece como ideario la lucha contra la “propaganda homosexual” y contra las protecciones  frente a la discriminación de la población LGTB.

Desde su fundación en febrero de 2013, la AfD se va implantando en las instituciones alemanas tras cada nueva elección. Pocos meses después de su presentación oficial, y con un programa centrado en la salida de la zona euro, la AfD daba la sorpresa en las elecciones federales de septiembre de 2013 al alcanzar un 4,7 % de los votos y quedarse a las puertas de entrar en el Bundestag (la barrera de entrada a la cámara baja del Parlamento alemán es el 5 %). En las siguientes citas electorales, el nuevo partido ha conseguido entrar en el Parlamento Europeo con siete diputados, y en los parlamentos regionales de Brandeburgo, Bremen, Hamburgo, Sajonia y Turingia, con resultados de entre el 6 % y el 12 %.

Todo parecía marchar bien para la formación derechista, hasta el congreso por el liderazgo que tuvo lugar a principios de julio. En la elección se impuso la candidata Frauke Petry, considerada del ala más nacional-conservadora, frente al fundador del partido Bernd Lucke, partidario de una orientación más liberal. Lucke abandonó la AfD y fundó su propio partido, la Alianza para el Progreso y la Renovación (ALFA).

Bajo la dirección de Petry, el partido abraza ya sin tapujos las políticas más regresivas en el tema de la inmigración, cercanas al movimiento xenófobo Pegida, y también en materia LGTB. La actual presidenta de la AfD ya ha dejado claras, en más de una ocasión, sus posiciones sobre el asunto. Por ejemplo, el pasado mes de febrero, dudaba de la necesidad de formar a los escolares en la lucha contra la homofobia y reclamaba la protección de la “familia normal”. Y en abril volvía a cargar contra la “ideología de género” que pretendería “diluir la identidad de género natural de hombre y mujer mediante la creación de géneros virtuales”.

Ahora, el punto de mira de la AfD está en el estado de Baden-Wurtemberg, uno de los más ricos y poblados del país y que celebrará elecciones el próximo marzo. La formación ya ha hecho notar su presencia con ruidosas declaraciones y su participación en manifestaciones en contra del plan educativo inclusivo con la diversidad afectivo-sexual aprobado por el gobierno regional de verdes y socialdemócratas. También han arremetido contra el Orgullo de Stuttgart (la capital del Land), que uno de los portavoces del partido tachó de “llamativa exhibición sexual de mal gusto”.

Su último movimiento ha sido aprobar un ideario que incluye una moción contra la “propaganda homosexual” muy similar a la que ya se discutió en el seno del partido pero no se incorporó a nivel federal el pasado abril. En la resolución se

rechaza estrictamente cualquier tipo de propaganda estatal – en los colegios, en los medios de comunicación o en el espacio público – de determinadas orientaciones o comportamientos sexuales. La promoción de la familia clásica está excluida [de esa prohibición].

El portavoz verde Volker Beck, abiertamente gay, ha manifestado su preocupación y ha instado a investigar a la AfD por su posible extremismo de ultraderecha. Beck ha alertado de que los planteamientos aprobados por la formación de Petry son muy similares a los que defiende el neo-nazi NPD. El texto aprobado también contiene el compromiso de acabar con la prohibición de la discriminación de las personas LGTB y con las cuotas femeninas en los puestos de dirección. En definitiva, una perspectiva muy preocupante si, a pesar de la escisión, la AfD sigue ganando cuotas de poder y llega a ser decisiva en algún momento para conformar una mayoría de Gobierno a nivel regional o federal.

La lucha a favor de los derechos LGTB en Colombia vive momentos históricos. Tras años de batallas políticas y judiciales, la Corte Constitucional de ese país parece más próxima que nunca a pronunciarse de forma clara sobre el tema. Este jueves tuvo lugar una serie de audiencias ante la Corte en la que diferentes agentes sociales y políticos, a favor y en contra, defendieron sus posiciones, y el fallo parece próximo. Merece la pena destacar, por encima de otras, la posición del propio Gobierno colombiano, abiertamente favorable al matrimonio igualitario. Tanto los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, como de Justicia, Yesid Reyes, testimoniaron a favor.

Los representantes del Gobierno de Colombia dejaron claro ante la Corte Constitucional que a su juicio no hay razones para impedir que las parejas del mismo sexo se unan en matrimonio. “Negarles el acceso a esta figura solo agravaría el déficit de protección que sufre esta comunidad”, expresó el ministro de Justicia. Para el Gobierno colombiano no hay en estos momentos otra manera de resolver la ambigua situación jurídica en que se encuentran las parejas del mismo sexo que mediante el reconocimiento expreso de su derecho a contraer matrimonio. Cualquier otra institución, a su juicio, no pondría fin a la desigualdad en lo que a derechos de pareja se refiere. El Gobierno de Colombia considera además que la Corte Constitucional puede poner fin a la controversia sin necesidad de que el Congreso legisle. Según el ministro del Interior, el alto tribunal cuenta con todas las competencias para “resolver situaciones en las cuales se encuentran comprometidos los derechos de los ciudadanos”. Lo contrario, según el criterio del Gobierno, sería dejar estos derechos al vaivén de la coyuntura política.

No fueron, por supuesto, los únicos testimonios que se escucharon. Otras voces a favor fueron las de algunas de las parejas cuyas acciones de tutela han desembocado en este proceso, así como las de Marcela Sánchez, directora del colectivo Colombia Diversa; Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia; Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, o Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, entre otras. Voces en contra del matrimonio igualitario fueron por ejemplo la de Javier Suárez, presidente de la “Fundación Marido y Mujer”, o la de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, fiel a los postulados del procurador general Alejandro Ordóñez, rabiosamente contrario a la igualdad LGTB y principal bastión de la homofobia en Colombia.

Insertamos a continuación un vídeo la revista Semana con fragmentos de algunas de sus intervenciones:

Puede verse ya la audiencia íntegra aquí (parte 1), aquí (parte 2), aquí (parte 3), aquí (parte 4), aquí (parte 5) y aquí (parte 6).

Una largo proceso detrás

Para entender lo que está sucediendo, debemos remontarnos a 2011, cuando en una histórica sentencia la Corte Constitucional de Colombia ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. El plazo venció en junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró entonces, para intentar responder a la exigencia del tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución inexistente en las leyes del país y que los colectivos LGTB rechazaron de plano.

Los jueces pasaron entonces a ser la clave. Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como matrimonio. Otro juez ordenaba en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre de 2013 cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue luego restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

En octubre de ese año otra pareja celebró su matrimonio, y al igual que en el caso anterior fue anulado y luego restaurado. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la mencionada “Fundación Marido y Mujer”, organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las del procurador general Alejandro Ordoñez. Un tercer matrimonio, sin embargo, vio su enlace confirmado en primera y segunda instancia. La batalla judicial quedaba de esa forma pendiente de que la Corte Constitucional despejase de una vez la incertidumbre jurídica, resolviese las acciones de tutela interpuestas y se pronunciase de forma clara. Una decisión que lleva demorándose ya cerca año y medio y que ahora parece que por fin estamos próximos a conocer.

La decisión, imprevisible

A día de hoy la decisión de la Corte es imprevisible. La ponencia que lleva varios meses sobre la mesa, elaborada por el magistrado conservador Jorge Pretelt (envuelto, por cierto, en varios escándalos de corrupción) es negativa. La propuesta de Pretelt rechaza autorizar el matrimonio igualitario por considerar que ello es competencia del Congreso, máximo órgano legislativo.

Pero ello no significa que necesariamente esa vaya a ser la posición final de la Corte (no sería ni mucho menos la primera vez que una ponencia es rechazada por una mayoría de la Corte). La reciente vuelta a la Corte Constitucional del magistrado progresista Alberto Rojas (cuya designación había sido anulada un año antes por supuestos vicios de procedimiento, y que finalmente ha recuperado dicha posición por decisión del Consejo de Estado) permite de hecho ser optimista respecto a la posibilidad de que la Corte otorgue el sí al matrimonio igualitario por mayoría de los votos de los nueve magistrados.

Un gobierno más favorable que nunca a los derechos LGTB

Hace un año Colombia reelegía presidente a Juan Manuel Santos, tras una muy ajustada contienda electoral contra Óscar Iván Zuluaga. Santos, pese a que durante su primer mandato no se caracterizó precisamente por el apoyo expreso a sus derechos, contó en la segunda vuelta con el favor de la comunidad LGTB, que se movilizó para evitar la victoria del candidato uribista. Es justo reconocer que Santos está devolviendo aquel apoyo con una política mucho más proactiva. La posición de su gobierno ante el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, o el reciente decreto que permitirá a las personas trans rectificar sus documentos de identidad con una simple declaración ante notario, son dos buenas muestras.

Ello no basta, desde luego, para que la Corte Constitucional se pronuncie a favor del matrimonio igualitario, pero no cabe duda de que el caldo de cultivo es diferente. No pocos analistas consideran además que el reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, podría pesar también en en ánimo de los magistrados colombianos. Estaremos a la espera de lo que sucede finalmente.

Las autoridades de San Petersburgo han comunicado que no autorizarán ninguno de los actos solicitados por los colectivos LGTB de la ciudad, entre ellos la Marcha del Orgullo, que debería celebrarse el próximo 2 de agosto en el Campo de Marte. Según los responsables municipales, su celebración violaría la ley que prohíbe la propaganda de “relaciones sexuales no tradicionales” ante menores de edad. Los convocantes, sin embargo, insisten en que se manifestarán aunque no tengan autorización, arriesgándose con ello no solo a las represalias legales previstas por la citada ley, sino también a previsibles ataques violentos por parte de los grupos homófobos que campan a sus anchas por territorio ruso.

Los activistas LGTB de San Petersburgo ya habían solicitado permiso para manifestarse el pasado 25 de julio, permiso que fue denegado. Aún así, reiteraron ante las autoridades de la ciudad la solicitud para convocar diversos actos públicos que tendrían lugar en los primeros días de agosto, entre ellos la Marcha del Orgullo, que se celebraría el día 2. El hecho de que se hubiera permitido la participación de una columna de activistas LGTB en la tradicional manifestación del 1 de mayo de este año, con la correspondiente protección policial, hacía aventurar un cambio de criterio de las autoridades.

Sin embargo, el Comité de Derechos de San Petersburgo, organismo competente al respecto, comunicó este jueves 30 de julio que no autorizaría ninguna de las convocatorias comunicadas para los días 1, 2 y 8 de agosto, dado que todas ellas violarían la ley vigente que prohíbe la propaganda de “relaciones sexuales no tradicionales” ante menores de edad. Queda así prohibida la Marcha del Orgullo prevista para el día 2, que debería haber transcurrido por el emblemático Campo de Marte (Marsovo Pole) de la ciudad.

De esta manera, las autoridades de San Petersburgo se unen a las de Moscú, que han prohibido por décimo año consecutivo la celebración del Orgullo LGTB en la ciudad. Los activistas que persistieron en el empeño de manifestarse fueron agredidos y posteriormente detenidos, entre ellos el conocido Nicolai Alekseev, que permaneció encarcelado durante 10 días y finalmente fue condenado a una fuerte sanción económica.

Rebelión contra la prohibición

Yuri Gavrikov, uno de los convocantes de la Marcha de San Petersburgo, ha afirmado que los luchadores por los derechos de las personas LGTB de la ciudad tampoco se van a conformar con la prohibición, y que se manifestarán aun sin el permiso correspondiente. Como forma de protesta, Gavrikov ha comunicado que se reunirán en la Plaza del Palacio el próximo 2 de agosto, en la misma fecha que en ese lugar se celebra el Día del Paracaidista, una vieja tradición del ejército ruso.

Los activistas intentarán repetir así la actuación del activista Kirill Kalugin en el año 2013, que llevó a cabo una protesta en solitario en la misma fecha y lugar, siendo rodeado, acosado y agredido tanto por los miembros de las tropas paracaidistas presentes como por grupos de extremistas homófobos. Solo la intervención policial evitó que sufriera daños físicos, como se pudo comprobar en un vídeo que dio la vuelta al mundo, donde quedó patente tanto la valentía del joven activista como la vergonzosa cobardía del grupo de agresores. Esperemos que los participantes en el acto de este año no sufran daño alguno.

Meses después de esa estremecedora grabación, en el Día de Salir del Armario celebrado en octubre de 2013, Kirill Kalugin fue agredido y posteriormente detenido por manifestarse valientemente por las calles de San Petersburgo. Según hemos sabido ahora, Kalugin se ha visto obligado finalmente a abandonar el territorio ruso, donde su integridad física corría peligro, encontrándose actualmente en Alemania, donde ha solicitado asilo político.

Kalugin es otra víctima más del ambiente de intensa homofobia social reinante en Rusia, donde es temible la práctica impunidad con que actúan grupos como Occupy Pedofilyaj y similares, dedicados al acoso, tortura e incluso asesinato de personas LGTB ante la pasividad muda de las autoridades. En vez de perseguir a quienes agreden y torturan, las autoridades alientan aún más la homofobia con leyes como la esgrimida por las autoridades de San Petersburgo, que fue aprobada en 2013, y prohíbe de hecho informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que permite que quienes simplemente enarbolan una bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

Diez años después de acuchillar a tres asistentes al Orgullo LGTB de 2005 en Jerusalén, y un mes después de salir de la cárcel donde cumplió parte de su condena por aquellos hechos, el ultraortodoxo Yishai Shlissel ha repetido la agresión. Seis personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad. El colectivo LGTB israelí se encuentra conmocionado, y muchos se preguntan como es posible que algo así haya podido ocurrir.

El de Jerusalén es seguramente uno de los Orgullos de historia más accidentada. Frente a Tel Aviv, posiblemente una de las ciudades más gay-friendly del mundo (este año su Orgullo LGTB congregaba a más de 100.000 personas), Jerusalén ofrece gran resistencia a la celebración de un evento mucho más minoritario (en 2014 contó con la asistencia de unas 500 personas), que cuenta con la hostilidad más o menos manifiesta de los representantes de las principales religiones con presencia en la ciudad, y que siempre debe celebrarse con fuerte presencia policial. Rara vez se libra de incidentes, pero el acuchillamiento de 2005 era el más grave hasta ahora, cuando Yishai Shlissel, tras pasar en la cárcel diez de los doce años a los que fue condenado por aquellos hechos (salió hace un mes por buena conducta) ha repetido su acción.

El fanático ultraortodoxo ha agredido en esta ocasión a seis personas antes de poder ser reducido por los agentes del orden. Dos de ellas han resultado heridas de gravedad, y en el momento de escribir esta entrada aún se teme por la vida de una de las víctimas, una chica de 16 años. En Twitter se difundían rapidamente algunas fotos del momento de la agresión:

Como no podía ser de otro modo, lo sucedido ha causado asombro en la sociedad israelí, que se pregunta como es posible que  Shlissel, que no había mostrado arrepentimiento alguno, fuese liberado apenas un mes antes del Orgullo y no se encontrase este jueves, día de su celebración, bajo control, pese a que su nombre se encontraba en una lista de posibles amenazas.

El ministro del Interior, Gilad Erdan, ha ordenado abrir una investigación que depure responsabilidades por lo sucedido. Tanto el presidente de Israel, Reuven Rivlin, como el primer ministro,Benjamin Netanyahu, han expresado su condena. “Hablamos de un incidente muy grave. Haremos justicia con sus responsables. En el estado de Israel la libertad de elección individual es uno de los valores básicos del Estado de Israel. Debemos garantizar que en Israel todo hombre y toda mujer puede vivir de forma segura de la forma que cada uno elija”, ha declarado Netanyahu.

El siguiente vídeo de Ynet muestra algunas imágenes de lo sucedido inmediatamente después del ataque:

Está considerado como uno de los países con mayores índices de homofobia de América y, a menudo, las noticias sobre temática LGTB que nos llegan desde Jamaica son dramáticas. Sin embargo, en esta ocasión anunciamos la primera celebración del Orgullo LGTB en la isla caribeña, cuyos actos tendrán lugar entre el 31 de julio y el 5 de agosto. Aunque no habrá una manifestación, debido al miedo de los activistas por su integridad y a la falta de garantías sobre su seguridad, se han organizado distintas actividades de visibilización como un flashmob en Kingston (la capital), así como reuniones temáticas o una exposición artística, entre otras. “Una manifestación no es la única forma en la que podemos celebrar nuestro orgullo y la libertad como jamaicanos LGBT”, ha expresado Latoya Nugent, directora del Foro de Jamaica de Lesbianas, Todo-Sexuales y Gais (J-FLAG).

Un gran avance para una sociedad tan profundamente homófoba como la jamaicana. Teniendo en cuenta que la homosexualidad masculina está penada con hasta 10 años de prisión (e incluso con trabajos forzados) y de que muchas personas LGTB son víctimas de ataques, vejaciones y crímenes, aunque con limitaciones, la celebración del primer Orgullo LGTB en Jamaica es un auténtico hito.  “Vamos a hacer una pausa en las vibraciones negativas de los grupos de presión anti-gay y a centrarnos en los avances que hemos logrado como comunidad”, explica Latoya Nugent, líder de la asociación LGTB J-FLAG. Pero como el miedo es una realidad y cualquier tipo de reacción es posible, los emplazamientos y los detalles de las actividades de la semana del Orgullo LGTB de Jamaica no se han hecho públicos. Los organizadores han dispuesto de una dirección de correo electrónico (prideja2015@gmail.com) para que las personas interesadas reciban más información poco antes de cada evento.

Cabe destacar que la semana del Orgullo LGTB coincide con las celebraciones por la independencia (fue colonia británica hasta el 6 de agosto de 1962). A través del hashtag de Twitter #Prideja2015 y de otras redes sociales muchas personas están haciendo público su apoyo a esta iniciativa pionera de visibilización inclusiva en esta isla centroamericana. Por su parte, Diana King, cantante y compositora jamaicana de reggae fusion, es una de las voces que ha manifestado su respaldo al Orgullo de Jamaica. Como expresa ella misma en el siguiente vídeo, “apoyo el Orgullo no porque sea lesbiana sino porque creo en la igualdad. Todos merecemos igualdad en el amor, así como el mismo apoyo, el mismo respeto y la misma protección”.

El apoyo de esta artista a la diversidad sexual no es baladí. La música popular jamaicana, por lo general, ha sido un caladero frecuente de incitación al odio y a la violencia contra las personas LGTB. Cantantes como Buju Banton, Elephant Man, Beenie Man, Vybz Kartel, Sizzla, Capleton, Shabba Ranks o T.O.K son tristemente conocidos por sus letras intolerantes y aberrantes. Sirva de ejemplo el tema A Nuh Fi Wi Faul, de Elephant Man, en el que se anima a “matar a los sodomitas como a pájaros” o asevera que dos mujeres en la cama son “dos lesbianas que deberían estar muertas”. Y es que, según argumenta este infame ‘artista’ (por decir algo), “a los jamaicanos no nos gustan los gais”.

Buju Banton, otro homófobo cantante jamaicano, fue detenido en 2004 por participar, junto a una docena de hombres armados, en el asalto a una casa en Kingston, lanzando gritos e insultos LGTBfóbicos. Varias personas fueron trasladadas al hospital tras el ataque. En 2005 fue llevado a juicio aunque, finalmente, encontró la impunidad en la justicia, siendo absuelto. Banton, en su tema Boom Boom Bye Bye, considera que a los hombres gais hay que ponerles “un arma de fuego en la cabeza”.

Asesinatos, violencia y miedo LGTB

Hace unos meses, concretamente el pasado marzo, dosmanzanas daba cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas. Para Graeme Reid, director de derechos LGBT de Human Rights Watch, “las personas LGBT en Jamaica se enfrentan a niveles intolerables de violencia y no pueden confiar en la policía”. Esta misma organización, en 2014, publicó un informe de 86 páginas, titulado Inseguros en casa: La violencia y la discriminación contra las personas LGBT en Jamaica.

Tal y como recuerda Human Rights Watch “los altos niveles de crimen violento, la desconfianza pública en la policía local, los bajos niveles de denuncia de delitos, las bajas tasas de enjuiciamiento, y la percepción de que el sistema de justicia penal está sesgado en detrimento de los pobres son los factores que afectan a todos los jamaicanos”. Pero las personas LGTB de Jamaica, “especialmente aquellos que son pobres y no pueden vivir en zonas más seguras, más ricas, son particularmente vulnerables”.

Si este año está a punto de celebrarse el primer Orgullo LGTB en Jamaica, en el año 2014, cientos de personas salieron a las calles de Kingston (el día del Orgullo), en una manifestación homófoba, para protestar contra lo que denominaron la “creciente amenaza de la homosexualidad”. Los líderes de las distintas confesiones religiosas de Jamaica se organizaron bajo la denominación CAUSE (Churches Action Uniting Society for Emancipation), que acoge al 99% de las mismas. Esta unión pretende luchar contra lo que han dado en llamar la “agenda laicista”, que incluye una “agenda gay”.

La lista de decesos, crímenes, violaciones y agresiones de toda clase a personas LGTB es larga (muchos, incluso, ni siquiera llegamos a conocerlos, por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos). En 2013, por ejemplo, dosmanzanas se hacía eco de cómo un grupo de agresores le prendían fuego a una vivienda que compartían cuatro hombres homosexuales, dejándolos sin hogar. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que según informó entonces J-FLAG había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais.

La extrema derecha europea vuelve a utilizar los derechos LGTB, que tradicionalmente ha denostado, como munición contra la población extranjera. La formación populista y antiinmigración Demócratas de Suecia (SD) organizó para este miércoles una marcha del Orgullo por las calles de los barrios de mayoría musulmana de Estocolmo. Las asociaciones LGTB se desmarcaron de lo que consideran una provocación xenófoba y que se ha saldado con un fracaso rotundo, al congregar apenas a una veintena de personas.

La iniciativa surgió de Jan Sjunnesson, antiguo redactor jefe de un periódico vinculado al SD. El Pride Järva tenía previsto discurrir por los distritos de Tensta, Rinkeby y Husby de la capital sueca, poblados mayoritariamente por personas de religión islámica. El texto de la convocatoria aseguraba que la “vestimenta es opcional” y animaba a los participantes a “aprovechar para broncear el vientre y las piernas”. “Quizás habrá una besada y canciones”, añadía.

Activistas de izquierdas y LGTB se opusieron desde el principio a la marcha, tachándola de provocación xenófoba. La consideran además innecesaria y contraproducente, al estar convocada apenas unos días antes del Orgullo LGTB de Estocolmo, que tendrá lugar este fin de semana, y al que se ha vetado la asistencia en calidad de representantes públicos a los miembros del SD. Finalmente, los manifestantes apenas superaron la veintena y los propios convocantes reconocieron que había más periodistas que participantes.

Los Demócratas de Suecia forman parte de una constelación de partidos europeos que comparten un discurso abiertamente xenófobo pero no se identifican con la extrema derecha clásica. En este grupo se podría incluir también a formaciones que han cosechado un relativo éxito electoral en sus países como el Partido Popular danés, el Frente Nacional (FN) francés o el FPÖ austriaco. Como analizábamos con motivo de las elecciones europeas del año pasado, la homofobia tradicionalmente exhibida por la derecha más radical pierde fuerza en los discursos de estos partidos: de hecho, no dudan en utilizarla como un argumento más contra la inmigración, su verdadero caballo de batalla.

Un buen ejemplo de este comportamiento es la presencia de dirigentes (abiertamente o no) homosexuales en el seno del UKIP británico o del FN; casi siempre defendiendo, eso sí, las posiciones contrarias al matrimonio igualitario de sus respectivas formaciones. El SD (que fue extraparlamentario hasta el año 2010 y viene experimentando un fuerte crecimiento desde entonces) se opone a la adopción homoparental y a lo que califica de “lobby gay”, pero no duda en erigirse en primer defensor de la igualdad LGTB supuestamente en peligro por la presencia de personas de origen extranjero en Suecia.

Más de un centenar de miembros del Congreso de los Estados Unidos han solicitado al secretario de Estado, John Kerry, que deniegue los visados a los cónyuges del personal diplomático de los países que impidan ese mismo derecho a las parejas del mismo sexo estadounidenses legalmente casadas en su país. Los congresistas firmantes de la solicitud han tenido conocimiento de que desde el Departamento de Estado se habían denegado algunas plazas a personal diplomático abiertamente LGTB por el previsible rechazo del país de destino.

Un total de 125 miembros del Congreso de los Estados Unidos, de los que 124 son demócratas, han urgido al secretario de estado, John Kerry, a que el personal del Departamento de Estado (departamento ejecutivo federal encargado de las relaciones internacionales, semejante al Ministerio de Asuntos Exteriores) deje de presionar al personal diplomático abiertamente LGTB para que no solicite destinos en países en donde se presupone que podrían ser rechazadas por las autoridades competentes.

Los firmantes del escrito hacen referencia explícita a que, además de esas presiones, algunas de esas solicitudes han sido denegadas, lo cual, según estiman, impide a los diplomáticos abiertamente LGTB avanzar con normalidad en su carrera y resta al Departamento de Estado “la capacidad de asegurar que se asigna cada plaza a la persona más cualificada”.

Para los congresistas firmantes, el reconocimiento de los derechos del personal diplomático LGTB pasa también porque haya una reciprocidad en el trato que se recibe por parte de las autoridades de sus países de destino. Por ello, instan al Departamento de Estado a que deniegue los visados especiales para los cónyuges del personal diplomático de aquellos países que se niegan a reconocer la legalidad de los matrimonios del mismo sexo del personal  diplomático estadounidense.

“No podemos mirar para otro lado cuando el cónyuge de un diplomático estadounidense —cualquier cónyuge de un diplomático estadounidense— es discriminado de esta manera”, afirman con contundencia los congresistas, “si un gobierno extranjero se niega a expedir el visado correspondiente a los cónyuges del mismo sexo, pedimos que el Departamento de Estado corresponda negando los visados a los cónyuges de los diplomáticos de ese país”.

GLIFFA, organización oficial de apoyo al personal diplomático LGTB, ha elogiado mediante un comunicado la iniciativa de los congresistas, pues estima que “menos de la mitad de las delegaciones de los Estados Unidos en el extranjero se encuentran en países donde nuestras familias se nos pueden unir de manera segura”, por lo que se felicitan de esa solicitud de reciprocidad. “Si esos países no permiten a familias estadounidenses, ¿por qué nuestro país debe continuar admitiendo a la totalidad de sus familias?”, aducen con convencimiento.

El secretario de Estado, John Kerry, declaró al pasado año que reaccionaría contra los países que no reconocieran a los cónyuges del mismo sexo del personal diplomático estadounidense. “Rechazamos cualquier medida por parte de cualquier país de denegación de visados a los cónyuges del personal estadounidense”, afirmaba, “es discriminatorio, inaceptable y no tiene cabida en el siglo XXI”.

Segataya será el segundo distrito especial de Tokio en reconocer las parejas del mismo sexo mediante un certificado oficial. Sigue así los pasos del vecino Shibuya, que hace unos meses se convirtió en la primera administración japonesa en tomar una decisión así. Al igual que en Shibuya, en Segataya el reconocimiento tendrá un carácter fundamentalmente simbólico y escasas consecuencias jurídicas, pero no cabe duda de que representa un paso adelante en un país en el que las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo han sido tradicionalmente tema tabú.

Segataya comenzará a emitir certificaciones el próximo mes de noviembre, un mes después de que lo haga Shibuya. Para solicitarlas los miembros de la pareja deberán ser mayores de 20 años y al menos uno de ellos deberá ser residente legal en el distrito. La decisión de la municipalidad de Segataya es especialmente significativa, al tratarse del distrito especial (nombre que reciben las 23 municipalidades que componen la metrópolis de Tokio) más poblado de la capital japonesa, con cerca de un millón de habitantes. Mientras que Shibuya, un importante centro de negocios, turismo y moda, cuenta con una significativa presencia LGTB (allí se celebra, por ejemplo, la marcha del Orgullo), Segataya tiene un perfil más netamente residencial. Quizá por eso la noticia resulta aún más esperanzadora.

Como ya contamos cuando recogimos la decisión de Shibuya, el estado japonés no reconoce más institución jurídica que el matrimonio entre personas de distinto sexo, pero la intención de los gobierno municipales que han aprobado la decisión es impulsar el que al menos tenga utilidad a nivel local y pueda ser utilizado por parejas del mismo sexo que buscan por ejemplo alquilar un piso o que quieren asegurar el derecho de visita en hospitales.

De lo que en cualquier caso no cabe duda es del valor simbólico de la medida. Japón es un país en el que las relaciones entre personas del mismo sexo han sido tradicionalmente un tema tabú, a pesar de la creciente visibilidad LGTB ejemplificada en casos como los del activista y político Taiga Ishikawa, primer político japonés abiertamente gay elegido para un cargo público del que tuvimos conocimiento (fue elegido concejal en Toshima, otro distrito de Tokio, en 2011) o el adolescente que hace poco más de un año sorprendía al salir del armario con un emotivo discurso pronunciado con motivo de un concurso escolar. Es un tímido primer paso hacia reconocimientos más sólidos, que posiblemente tardarán aún en llegar, pero supone un comienzo.