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Una vez más nos hacemos eco, con profunda tristeza, del suicidio de otro adolescente gay en Estados Unidos. Se trata de Phillip Parker, un chico de 14 años que estaba siendo víctima de acoso homofóbico en su instituto. La tragedia ha tenido lugar en Tennessee, un estado cuyo Senado votaba hace un año prohibir a los profesores hacer mención de la homosexualidad en clase.

Los padres del chico, destrozados, lamentan no haber sido plenamente conscientes del sufrimiento por el que su hijo estaba pasando, pese a que sí se habían quejado al instituto del acoso que sufría. “Debería haber notado que algo iba mal, pero parecía feliz”, ha declarado su madre, Gena Parker. Al parecer, tras descubrir el cuerpo ahorcado del chico, sus padres encontraron una nota manuscrita en la que podía leerse “por favor, ayúdame mamá”. Su abuela, Ruby Harris, sí parecía tenerlo más claro. Según ha contado, el chico le dijo que sentía como si una gran piedra le oprimiera el pecho, y que lo único que deseaba era poder quitársela de encima y respirar.

La muerte de Phillip Parker se produce apenas mes y medio después de que otro adolescente gay de Tennessee, Jacob Rogers, se quitara la vida tras sufrir también acoso homofóbico, y pocos días después del suicidio de otros dos jóvenes tras años de sufrimiento por la misma causa: Jeffrey Fehr, de 18 años, y Eric James Borges, de 19 (este último, además, crecido en el seno de una familia cristiana fundamentalista que incluso intentó exorcizarlo). Son solo algunos de los casos de suicidio adolescente que hemos recogido en los últimos años, que desgraciadamente no cesan, y que probablemente represente solo la punta del iceberg.

Tennessee, poco proclive a combatir el bullying homófobico

Más allá de casos concretos, como el de la escuela cristiana que hace pocas semanas prohibía la mención de la homosexualidad, Tennessee es un estado en el que no resulta precisamente fácil implementar políticas contra el bullying homófóbico. En mayo de 2011 el Senado de Tennessee daba su visto bueno a un proyecto de ley con la intención de prohibir a los profesores de las escuelas elementales y medias del estado (equivalentes a primaria y primer ciclo de secundaria en España, es decir, hasta los 13 o los 14 años) hacer mención de la homosexualidad en clase. El proyecto, también conocido como “don’t say gay” (“no digas gay”), fue promovido por el republicano Stacey Campfield, que lleva varios años luchando por sacarlo adelante.

La medida no ha llegado a entrar en vigor al haber quedado pendiente de ratificación por la Cámara de Representantes del estado, pero no se descarta su futura aprobación. Mientras tanto, los conservadores de Tennessee promueven otro proyecto que dificultaría combatir el bullying homofóbico cuando los acosadores se ampararan en razones religiosas para justificar sus puntos de vista contrarios a la homosexualidad.

Mitt Romney, el considerado hasta ahora favorito para alzarse con la nominación republicana a la Presidencia de Estados Unidos, ha contribuido a la financiación de dos organizaciones homófobas y tránsfobas, según se desprende del análisis de sus datos fiscales, hechos públicos con motivo de la polémica surgida en torno a los pocos impuestos que paga.

A través de una fundación de caridad vinculada a Romney, este donó en 2006 10.000 dólares al Massachusetts Family Institute, una organización contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo, que sostiene que la homosexualidad se puede “curar” y que se opone al desarrollo de programas para combatir el bullying homofóbico en las escuelas. La misma organización promovía hace pocos meses una vergonzosa campaña para oponerse a una ley contra la discriminación de las personas transexuales en Massachusetts, según la cual su aprobación daría vía libre a que pervertidos sexuales pudieran introducirse en los aseos de chicas.

Tres años después, en 2009, la fundación de Romney aportó 25.000 dólares al Becket Found for Religious Liberty, una organización religiosa contraria al matrimonio igualitario que salió en defensa de la iglesia mormona cuando se supo que había cometido irregularidades financieras durante su campaña a favor de la Proposición 8 (la enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo). Desde el Becket Found se llegó a comparar a los opositores a la Proposición 8 con terroristas. Conviene recordar, en este punto, que el propio Romney es mormón.

A día de hoy, la pelea republicana ha quedado reducida a cuatro candidatos: Mitt Romney, Newt Gingrich, Rick Santorum y Ron Paul (en esta entrada, que publicábamos tras las primarias de New Hampshire, analizamos sus posiciones por lo que a los derechos LGTB se refiere). En la práctica, y a la espera de lo que suceda en Florida, la lucha parece reducida a dos: el propio Romney y Gingrich, flamante ganador de las primarias de Carolina del Sur, al que las revelaciones sobre su vida privada (su exmujer le acusó de haberle propuesto una relacion matrimonial abierta) no parecen sin embargo haberle pasado factura.

Tatiana Piñeros Laverde es la nueva directora de Gestión Corporativa de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. El nombramiento de Piñeros, una mujer abiertamente transexual, es una buena muestra del compromiso de Gustavo Petro, recientemente elegido alcalde, de incluir a la comunidad LGTB en su equipo.

Según Tatiana Piñeros, su nombramiento supone un “respaldo que se la da a la inclusión y a la no discriminación, cuando se nombra una persona por sus capacidades profesionales, su experiencia profesional o por su hoja de vida, sin importar su orientación sexual o su identidad de género”. En palabras de Piñeros, su nombramiento forma parte de una política “transversal” en toda la administración de la capital colombiana.

La nueva funcionaria, profesional en Contaduría Pública, tiene ante sí la dífícil labor de recuperar la confianza de los bogotanos en una contratación transparente y un uso adecuado de los recursos después de que la anterior administración haya sido fuertemente cuestionada por la corrupción en contratación de obras civiles en toda Bogotá.

Por otra parte, los docentes públicos de Bogotá han recibido una agenda de las políticas públicas que planea desarrollar la nueva administración. Entre ellas, la política pública para la comunidad LGBTI, en la que se busca, además de respetar sus derechos, favorecer su organización comunitaria.

Concejales opuestos

Este impulso a las políticas inclusivas hacia la comunidad LGTB no cuenta, sin embargo, con el apoyo de todos los concejales de Bogotá. “Si ya empezaron, pero nosotros también”, ha respondido en Facebook el pastor evangélico Marco Fidel Ramírez tras conocer el nombramiento de Piñeros. Ramírez fue elegido tras hacer de la oposición al reconocimiento de los derechos LGTB uno de los ejes de su campaña.

Por su parte, la concejal Clara Lucía Sandoval, del Partido de la U, se ha mostrado en contra de un proyecto piloto que busca fomentar el respeto por las minorías sexuales en algunos colegios distritales de la ciudad. “Lo complejo es que los jóvenes están expuestos a un proceso de exploración y se les está brindando a ellos la posibilidad de una tercera opción, cuando realmente esa tarea de conocer otras influencias es de los estudiantes en su libre desarrollo social, más no se debería implementar dentro de los colegios estos proyectos porque podría sesgar el criterio de los alumnos a través de quienes dirigen estos talleres”, ha opinado.

Se da la circunstancia de que en noviembre un fallo de la Corte Constitucional exhortó al Ministerio del Interior a que, junto a la Defensoria del Pueblo y la Procuraduría General, crearan una política pública “integral” nacional, constante y unificada con el fin de lograr la no discriminación de la comunidad LGTB.

El Bloque Estudiantil LGTBI y el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) organizan la conmemoración, el próximo 12 de febrero, del que ya ha sido bautizado como Día de la Dignidad LGBT. Diversas acciones pacíficas coordinadas, que se irán conociendo en próximos días, recordarán la carga policial contra un grupo de activistas que el 12 de febrero del año pasado llevaban a cabo una besada contra la homofobia.

Bajo el lema Besos contra la Homofobia, un grupo de activistas LGTB peruanos celebraban una besada, kiss-in o “besatón” en el centro de Lima. Un acto pacífico que formaba parte de una acción internacional originada en Francia. Sin embargo, ante la denuncia de que aquel 12 de febrero habría en la Plaza de Armas una “manifestación de homosexuales”, medio centenar de policías, tanquetas y vehículos rompe-manifestaciones parecían esperar allí una horda de bárbaros y no unas decenas de mujeres y hombres armados únicamente con besos.

Tras ser expulsados de la acera donde se encuentra el Palacio Municipal, y practicamente obligados a refugiarse entre la multitud sentada en las gradas de la Catedral, varias parejas empezaron a besarse. La gente allí congregada reaccionó con indiferencia en su mayor parte, algunos a favor, otros en contra. Pero la Policía se lanzó sobre las parejas que se besaban como si fueran peligrosos delincuentes. Se desencadenó una trifulca que duró algo mas de una hora. Una manifestación pacífica se convirtió casi en revuelta. Por primera vez, una generacion de jóvenes LGTB que vive fuera del closet en Perú era consciente de sus derechos y estaba resuelta a defenderlos. Una generación que ya no se conforma con la ilusión de libertad que se vive en discotecas y bares donde la policía ya (casi) no incursiona y quieren poder vivir una vida plena como ciudadanos y ciudadanas, con los mismos derechos que cualquier otra persona nacida en este país. Es por eso que aquel día fueron capaces de defenderse, de gritar “ser homosexual no es delito”, de denunciar a los policías agresores y defender ante micrófonos y cámaras su derecho a vivir sin miedo ni vergüenza, a plena luz.

Y por ese mismo motivo, esos jóvenes que defendieron con dignidad y valentía sus derechos, desean conmemorar el 12 de febrero como Día de la Dignidad LGBT.

Las organizaciones del ámbito del VIH y sida del estado han mostrado su satisfacción ante el compromiso del Gobierno, publicado en el BOE, que garantiza la continuidad de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS). Sin embargo, para las más de 300 organizaciones del VIH y sida en España, representadas en diversas plataformas, queda todavía por concretar cuáles serán las condiciones con las que se mantiene la SPNS, y si existe un compromiso económico que garantice a largo plazo su sostenibilidad, entre otros aspectos de suma trascendencia como la creación del nuevo Plan Multisectorial que dicte las directrices a seguir en nuestro país ante la respuesta al VIH.

En este sentido, Udiárraga García, presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA), señala que “las organizaciones civiles estamos firmemente convencidas de la necesidad de continuar con un órgano que garantice la coordinación de las políticas en torno a la atención del VIH en nuestro país e igualitaria en todas las Comunidades Autónomas. Por ello, la noticia de que el Plan Nacional del Sida continúa es relevante para nosotras, porque el VIH es una infección que aún hoy, después de tres décadas, nos sigue poniendo sobre la mesa retos clínicos y sociales todos los días”.

Esta decisión del Gobierno llega después de que las organizaciones e instituciones españolas enviaran el pasado 5 de enero una carta dirigida a Ana Mato Adrover, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el objetivo de solicitar el compromiso de su gobierno para garantizar la respuesta al VIH en los próximos años porque los recortes sociales y la falta de financiación están frenando los avances conseguidos en ámbitos como la prevención, la atención, la investigación, entre otros; e inclusive podrían estar en riesgo los logros obtenidos. Además, en esa misiva se le solicitó también a la ministra una reunión en próximas fechas, pero aún no ha habido respuesta alguna por parte de la Administración.

Julio Gómez Caballero, presidente de la Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español (REDVIH), afirma que “esperamos mantener pronto esa reunión, porque es fundamental establecer un diálogo social y un liderazgo compartido para dar respuesta a todas las asignaturas pendientes que tenemos aún en todo el territorio español. Una de las más importantes es erradicar el estigma social asociado a la enfermedad para avanzar en la defensa de los derechos, la prevención y la detección de nuevos casos”.

Por su parte, Marta Pastor, presidenta de FUNSIDA, insiste en que “las organizaciones civiles del VIH exigimos que se garantice el acceso efectivo a la salud para todas las personas y defendemos el modelo de salud pública. La actual crisis financiera internacional no debe de ser un pretexto para recortar derechos y mucho menos los que tienen que ver con el acceso a la salud. Nos ha costado mucho años llegar hasta aquí y hemos conseguido avances, por lo que al gobierno le corresponde garantizar un servicio efectivo y de calidad en la sanidad, que se paga con nuestros impuestos, los de todos y todas las personas de este país”.

Un nuevo estado se suma a la carrera por ser el siguiente en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. El Gobernador de Maryland, Martin O’Malley, ha presentado un proyecto de ley en ese sentido ante la legislatura del estado. Maryland se suma a Washington (estado en el que el proceso legislativo cuenta con excelentes perspectivas después de que se confirmara que la ley dispone ya de suficientes apoyos en el Senado) y a Nueva Jersey.

El proyecto resucita en Maryland apenas diez meses después de que la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes del estado decidiera no votar el proyecto y devolverlo para su maduración al Comité Judicial de la Cámara, que ya le había dado su visto bueno. También había sido aprobado ya por el Senado, de mayoría demócrata pero en el que su tramitación parecía, paradójicamente, más complicada. Obtuvo incluso el apoyo de un senador republicano, Allan Kittleman.

En aquel momento, los representantes demócratas se acobardaron ante la potente campaña llevada a cabo por grupos conservadores y religiosos. Las cosas, sin embargo, parecen haber cambiado. El Gobernador Martin O’Malley, que siempre ha estado a favor, se muestra ahora dispuesto a dar la batalla y a tratar de convencer a sus correligionarios demócratas de que ya no pueden flaquear en este punto. Para ello O’Malley ha reforzado en su proyecto las garantías explícitas a las iglesias y confesiones religiosas de que no se verán forzadas a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en contra de su voluntad.

La situación en Maryland es parecida a la de Washington, otro estado en el que hace un año la mayoría demócrata prefirió dejar el tema en suspenso hasta contar con un mayor respaldo social, y cuya Gobernadora, Christine Gregoire, ha tomado ahora la iniciativa.

Nueva Jersey: un gay republicano, a la Corte Suprema

El tercero de los estados en los que existen serias posibilidades de que la legislatura apruebe el matrimonio igualitario es Nueva Jersey, que como adelantábamos hace varios días ha reabierto el debate dos años después de que el anterior fracasara al unirse demócratas conservadores y republicanos en el Senado del estado para rechazar la propuesta. Sin embargo, alguno de los que se opusieron están ahora a favor. El decidido apoyo que en esta ocasión la propuesta parece contar por parte de los demócratas, que siguen disfrutando de mayoría en las dos cámaras, choca en este caso con la voluntad del Gobernador, el republicano Cristopher Christie, que podría vetar la medida si es aprobada.

En este contexto, no deja de resultar llamativa la decision de Christie de proponer a Bruce Harris, político republicano afroamericano y abiertamente gay, como miembro de la Corte Suprema del estado. Especialmente si se tiene en cuenta que hace pocos meses se abría en Nueva Jersey la vía judicial hacia el matrimonio igualitario: varias parejas del mismo sexo unidas civilmente anunciaron la presentación de una demanda en ese sentido. La propia Corte Suprema del estado ordenó en 2006 equiparar los derechos de las parejas del mismo sexo a los de las parejas heterosexuales casadas, sin especificar la vía. Los legisladores del estado respondieron al mandato judicial creando una ley de uniones civiles, pero dos años después una comisión encargada de evaluar su funcionamiento determinó que la existencia de dos categorías jurídicas distintas promovía un tratamiento diferenciado hacia las parejas del mismo sexo y sus hijos.

En Estados Unidos, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en los estados de Massachusetts, Connectitut, Iowa, Vermont, New Hampshire y Nueva York, además de en Washington D.C. (la capital federal) y las reservas indias Coquille (Oregón) y Suquamish (Washington). Hay además unas 18.000 parejas casadas en California (contrajeron matrimonio antes de que entrara en vigor la enmienda constitucional que lo prohíbe, desafiada en estos momentos en los tribunales).

La red social móvil Grindr, dirigida a “gays, bisexuales y curiosos”, se ha visto afectada por un fallo en su sistema de seguridad que permitió a un cracker publicar en internet un listado con datos de miles de usuarios australianos.

Dicha información, ya retirada, incluía los nombres de perfil, contraseña y usuarios favoritos, y permitía a cualquiera suplantar a los usuarios afectados. La compañía detrás de la aplicación ha anunciado una actualización de seguridad obligatoria.

Grindr ha acumulado millones de usuarios en los últimos tres años y funciona en dispositivos Android, iPhone y BlackBerry, y la semana pasada saltó a la luz una lista publicada por un cracker con información sobre miles de usuarios australianos que permitía suplantar a cualquiera de ellos. Grindr declaró que sólo un pequeño número de los en torno a 100.000 usuarios de dicho país se había visto afectado, y prometió una actualización urgente de seguridad que solucionase el problema. La compañía también insistió en que Grindr no conserva información sobre tarjetas de crédito, direcciones o historiales de chat, por lo que dichos datos nunca han corrido peligro de ser filtrados.

El cuestionario del censo de población 2011, primero que se realiza en España tras la aprobación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, continúa ignorando la realidad de las familias homoparentales. Así lo ha denunciado la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), que ha pedido soluciones.

El censo de población y vivienda, que se realiza en España cada diez años, es un instrumento de gran importancia a la hora de conocer las características básicas de la población y la composición de los hogares. Sin embargo, el cuestionario que las personas elegidas como parte de la muestra deben rellenar no comtempla de forma explícita la realidad de las familias homoparentales, ya que en la recogida de datos de convivientes ha de establecerse “Madre / Padre / Cónyuge o pareja / Otros familiares”. Si un encuestado tiene dos padres o dos madres que vivan en el mismo domicilio no tiene forma alguna de consignarlo. “La consecuencia de este impedimento es que las cientos de miles de familias con dos progenitores del mismo sexo que viven en España quedan absolutamente invisibilizadas”, denuncia la FELGTB, que ha solicitado una reunión urgente al presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Gregorio Izquierdo, para encontrar una solución que permita el conocimiento de estos datos.

Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, supone que lo sucedido es un “descuido” que considera “imperdonable”. “No nos resignaremos a tener que esperar diez años más para que nuestras familias formen parte  del censo, el INE tiene que hacerse cargo de su error y buscar una solución satisfactoria”, ha declarado por su parte Luisa Notario, vocal de diversidad y familias de dicha organización.

La Federación Inglesa de Fútbol (Football Association) parece decidida a poner coto a la homofobia. El máximo organismo federativo del fútbol inglés ha impuesto una multa de 6.000 libras esterlinas al jugador Michael Ball por escribir un mensaje homófobo en Twitter. La multa ha coincidido además con la rescisión del contrato de Ball por su club, el Leicester City.

Ball insultó en Twitter a Antony Cotton, un actor conocido en Reino Unido por su interpretación de un personaje gay en el popular culebrón Coronation Street, y que además es gay en la vida real. Cotton participó también en la serie Queer As Folk en su versión original británica. A raíz de la aparición de Cotton en I’m a Celebrity, Get Me Out of Here!, un reality televisivo, el fubolista tuiteó: “Ese jodido marica. Vuelve con tu máquina de coser a Corrie (apodo con el que es conocida la popular serie), bastardo quejumbroso”.

La multa de 6.000 libras a Ball (unos 7.2000 euros) es por el momento la más alta que la federación inglesa ha impuesto a un jugador por homofobia. Ball, además, ha visto como el Leicester City decidía rescindir su contrato “de mutuo acuerdo”. Una decisión que no parece casual, aunque el club ha evitado relacionar directamente la rescisión con el incidente homófobo.

La pasada semana recogíamos otro comentario homófobo colgado en Twitter por un futbolista inglés, curiosamente desencadenado también por la participación en un reality de un famoso abiertamente gay. “No me gustaría estar en la cama de al lado de la de Gareth Thomas. Candado en el culo”, opinaba Lee Steele sobre la participación del jugador de rugby Gareth Thomas, retirado hace pocas semanas, en Celebrity Big Brother. Thomas sorprendía a finales de 2009 a los aficionados al rugby revelando su homosexualidad. Lee Steele fue inmediatamente despedido por su club, el Oxford City F.C., aunque posteriormente pedía disculpas y era contratado por otro club. El jugador no se ha librado, sin embargo, del expediente abierto por la federación, cuya resolución se conocerá en próximas semanas.

Diferentes medios de comunicación se refieren hoy a las disculpas del arzobispo de Tarragona por las declaraciones de carácter homófobo que recogíamos ayer, en las que afirmaba que “los homosexuales no tienen un comportamiento adecuado ni para ellos ni para la sociedad”. Lo cierto es que Jaume Pujol Balcells se ha limitado a pedir perdón “si alguien se ha sentido ofendido”, pero ha reiterado, en un tono más amable, sus opiniones.

Pujol Balcells se ha explicado aprovechando un encuentro con periodistas con motivo del día del que, en el santoral católico, es considerado el patrón de la prensa, San Francisco de Sales. “Me preguntaron y contesté, no me gusta callar las cosas, la gente tiene que hablar, poner siempre por encima que todo el mundo es digno de respeto, y si alguien se ha sentido molesto, le pido perdón si se ha sentido ofendido”, ha afirmado.

El arzobispo ha insistido sin embargo en que “una cosa es la dignidad de las personas, que todos somos hijos de Dios, y otra cosa es su comportamiento: puede estar bien o estar mal, y la iglesia siempre ha dicho que está mal; no nos quedemos solo con la polémica o el resto quedará difuminado”. Preguntado sobre si sus polémicas palabras, que no se limitaron solo a la homosexualidad (sus opiniones sobre el papel de la mujer han recibido también críticas) podrían contribuir a aumentar el desapego hacia la iglesia, el arzobispo ha confiado en que no sea así, y ha pedido que se escuche toda la entrevista. Nosotros lo hemos hecho, y no encontramos nada que desmienta lo que ayer publicábamos (puedes ver la entrevista, íntegramente en catalán, pinchando aquí. La referencia a la homosexualidad se produce a partir del minuto 22:20).

Las palabras del arzobispo han sido contestadas, por ejemplo, por ACGIL (Associació Cristiana de Gais y Lesbianes de Catalunya), que ha exhortado al arzobispo “para que se convierta en la buena nueva del Evangelio”. En opinión de esta asociación de personas LGTB cristianas, “el conocimiento cotidiano de tantas personas que, a pesar de haber optado por el celibato, viven su sexualidad de manera oculta o culpable debe haber contribuido a esta visión negativa” del arzobispo sobre la homosexualidad. Desde ACGIL le invitan “a que supere estas experiencias con su presbiterio mediante el conocimiento y la convivencia con tantas personas homosexuales que viven de manera integrada su espiritualidad y su sexualidad”.

Otra reacción significativa ha sido la de la diputada de ICV-EUiA Laia Ortiz, que ha formulado varias preguntas sobre el tema en el Congreso para que sean respondidas en la próxima sesión de control al Gobierno. Entre otras cosas, Ortiz ha pedido al Ejecutivo popular que aclare sin comparte este tipo de declaraciones “homófobas, machistas y que ponen de manifiesto la intolerancia de la jerarquía católica” y si pedirá al arzobispo de Tarragona una disculpa pública. Al hilo de estas declaraciones, Ortiz ha pedido al Gobierno que explique por qué la iglesia católica continúa siendo financiada por el estado, financiación que además se mantiene intacta en plena época de fuertes recortes presupuestarios.

Prosiguen las detenciones y torturas a jóvenes en Camerún, acusados de mantener relaciones homosexuales, ante la indiferencia de la comunidad internacional. En esta ocasión los detenidos son cuatro estudiantes, denunciados por otro hombre que les pidió dinero y que, al ver denegada su petición, provocó a los vecinos de los jóvenes para que los agredieran.

Al día siguiente, el propio cuñado de Raphaël, uno de los cuatro jóvenes (de edades comprendidas entre los 22 y los 30 años) lo llevó a comisaría y lo acusó de ser homosexual. Según un comunicado de ADEFHO [Association pour la défense des droits des homosexuel(le)s], Raphaël fue victima de una paliza por parte de los policías, que no pararon hasta que confesó ser homosexual y que otro de los jóvenes, Kelvin, era su amante. Finalmente Kelvin y los otros dos muchachos (Gidéon y Léonard) fueron también detenidos.

A los cuatro jóvenes se les han solicitado lo degradantes “examenes médicos anales”, que en algunos países de África suelen realizarse a los acusados de homosexualidad, y se enfrentan a una posible pena de hasta cinco años de cárcel.

Dramático goteo de detenciones y condenas

Las detenciones de estos cuatro jóvenes se suman al incesante goteo de detenciones y condenas que se vienen produciendo en el país africano, algunas de las cuales hemos recogido en dosmanzanas: en noviembre de 2011 (cuando tres hombres fueron condenados a cinco años de cárcel acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche), en octubre de 2011 (cuando un joven fue condenado a tres años de cárcel simplemente por enviar un SMS), en agosto de 2011, en abril de 2011, en marzo de 2011 (el detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción), en octubre de 2010, en mayo de 2010 (los dos detenidos entonces fueron luego condenados a cinco meses de cárcel), en marzo de 2010 (en este caso la detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano) o en diciembre de 2009 (en este caso el joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables). Y son solo los casos que trascienden internacionalmente.

En Camerún las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la abogada Alice Nkom (y valiente presidenta de ADEFHO) solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, son cada vez más los casos en los que la Policía camerunesa ignora este requerimiento. La propia Nkom (que ha experimentado en sus carnes lo que es el acoso) ha calificado lo que esta sucediendo como una auténtica “caza al homosexual” orquestada por las fuerzas de seguridad camerunesas.

Paradojas de la nueva realidad política árabe. Opositores al nuevo Gobierno islamista tunecino salido de las últimas elecciones estarían detrás de la filtración de un vídeo que supuestamente muestra al nuevo ministro del Interior, Ali Larayedh, manteniendo relaciones homosexuales. La difusión del vídeo se suma a la críticas a la salida de prisión del hermano del nuevo ministro de Justicia gracias a una amnistía, pese a que algunos le acusan de haber violado a un joven. Todo apunta a que los opositores al nuevo Gobierno intentarían desprestigiarlo ante la opinión pública usando la homofobia, de la misma forma que los propios islamistas hicieron antes con la actual oposición.

El video, en blanco y negro y de mala calidad, habría sido supuestamente grabado en 1990, durante la estancia en prisión de Ali Larayedh (que estuvo encarcelado por la dictadura de Ben Ali, un regimen que persiguió con saña a los islamistas). El vídeo, colgado inicialmente en YouTube pero que ya no es accesible, podría ser también una falsificación, o ser real pero no involucrar al ministro: el rostro de uno de las los hombres que aparece manteniendo relaciones homosexuales se parece al de Ali Larayedh, pero resulta imposible determinar con certeza si es él. Según el opositor Jalel Brick, el vídeo es auténtico y fue filtrado por un oficial de la Policía secreta tunecina. Al parecer, parte de las fuerzas de seguridad tunecinas siguen siendo las mismas que durante la dictadura y serían hostiles al Gobierno islamista.

En cualquier caso, la difusión del vídeo, unida a la liberación de Naji Behiri, hermano del ministro de Justicia Noureddine Behiri, ha bastado para desencadenar en las redes sociales tunecinas una ola de indignación y fuertes críticas al Gobierno islamista por su supuesta “connivencia con homosexuales y pederastas”, términos que además vinculan sin pudor alguno. Pese a la condena oficial de los partidos políticos a lo sucedido, todo apunta a que la oposición intenta sacar partido de la profunda homofobia social para desgastar a los islamistas de Ennahda (“Renacimiento”), un partido que intentarían presentar ante la opinión pública como repleto de homosexuales. Un ejemplo sería, por ejemplo, el montaje fotográfico difundido a través de Facebook (que puedes ver pinchando aquí) y que muestra a dos mujeres, supuestamente dos islamistas que se cubren la cabeza con un velo, dándose un beso junto al logo de Ennahda.

La utilización de la homosexualidad como una forma de desprestigiar a los enemigos políticos ya fue una práctica habitual del régimen de Ben Ali. Y durante la pasada campaña electoral, los propios islamistas habrían acusado a los partidos laicos de organizar “marchas del Orgullo” por utilizar banderas con los colores del arco iris en sus manifestaciones y habrían acusado a varios de los candidatos laicos de sodomía. En definitiva, todos, de una forma u otra, habrían utilizado y estarían utilizando a las personas LGTB como cabeza de turco y como arma arrojadiza.

El Código Penal castiga las relaciones homosexuales

En visperas de las pasadas elecciones, Riad Chaibi, miembro del Comité Político de Ennahda, aseguraba que un triunfo islamista no implicaría que se fuera a perseguir el consumo de alcohol ni castigar el ateísmo o la homosexualidad, pese a que el Código Penal tunecino castiga con penas de hasta tres años de cárcel las relaciones homosexuales. El político tunecino afirmaba entonces que ateos y homosexuales son una realidad en Túnez y “tienen derecho a existir”. Según Chaibi, en el caso de los homosexuales existía además “un problema de dignidad, pues la sociedad los ve como desvalorizados”.